Las autoridades chinas, que no reconocen al Vaticano, detuvieron el pasado lunes al obispo Jia Zhiguo, de 70 años, miembro de la Iglesia católica en la clandestinidad, según la Fundación Cardenal Küng, una organización religiosa estadounidense dedicada a promocionar el catolicismo en el país asiático. Jia fue arrestado en su casa, en la ciudad de Zhengding (provincia norteña de Hebei) por dos agentes del Gobierno y fue conducido a un lugar desconocido. Los funcionarios aseguraron que se llevaban al sacerdote para visitar al médico; pero, según la fundación, Jia no estaba enfermo.
El obispo, que ha pasado 20 años en la cárcel por negarse a afiliarse a la Asociación Católica Patriótica (la Iglesia oficial, bajo control del Partido Comunista Chino), ha sido detenido seis veces desde enero de 2004, normalmente en fechas consideradas sensibles desde el punto de vista religioso, como Navidad o Semana Santa. Durante las tres semanas que mediaron entre el fallecimiento de Juan Pablo II y la elección del nuevo Papa, Benedicto XVI, en abril, estuvo sometido a vigilancia las 24 horas del día. Con Jia, el número de sacerdotes y prelados encarcelados o en paradero desconocido se estima que asciende a 19.
China, que rompió los contactos diplomáticos con el Vaticano en 1951, dos años después de la llegada al poder del régimen comunista de Mao Zedong, sólo permite el culto en los templos sancionados por el partido. La Iglesia Patriótica asegura que cuenta con cinco millones de seguidores, y la fiel a Roma, entre 8 y 12 millones.
El arresto de Jia supone un revés a las esperanzas surgidas sobre un posible acercamiento entre Pekín y Roma tras la elección de Benedicto XVI. Un acercamiento que, en cualquier caso, se enfrenta a grandes dificultades. China exige dos condiciones para "mejorar las relaciones": que la Santa Sede rompa los lazos con Taiwan -algo a lo que estaría dispuesta si Pekín garantiza la libertad religiosa, según ha afirmado Joseph Zen, obispo de Hong Kong-, y que no interfiera en los asuntos internos chinos. Es decir, que renuncie a tener la autoridad eclesiástica en el país, y a elegir a los obispos; un problema más difícil de resolver.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de julio de 2005