El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Rafael Román, exigió ayer a la alcaldesa, Teófila Martínez, y al concejal de Urbanismo, José Loaiza, que "aclaren" si el bufete de abogados donde trabaja este edil ha gestionado algún caso o expediente del promotor inmobiliario Enrique Arroyo y que haya sido abordado por la junta de gobierno local o la delegación de urbanismo. El PSOE vincula a este promotor con el PP en Cádiz.
La empresa de Arroyo Servicio Inmobiliaria de Gestión SAEA obtuvo en los últimos 16 meses 22 licencias de obras en otros tantos inmuebles del casco antiguo de la capital gaditana. Esta cifra supera con creces los expedientes que tramitó la Oficina de Rehabilitación de Viviendas, dependiente de la Junta de Andalucía, y de la empresa municipal de viviendas Procasa.
Los presidentes de las asociaciones de vecinos de los barrios de La Viña, Manuel Iglesias, y El Mentidero, Francisco Gallardo, consideran que Arroyo podría haber usado coacciones para desalojar a inquilinos de inmuebles con rentas antiguas.
El PP defendió al edil de Urbanismo e instó a que se lleven a los tribunales aquellas licencias que sean ilegales. José Loaiza ya anunció que requerirá notarialmente al portavoz municipal del PSOE para que rectifique en sus acusaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005