El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, considera lamentables los disturbios del pleno extraordinario celebrado el martes en el Ayuntamiento, en el que uno de los principales implicados fue el presidente de su partido (PP) en el distrito Norte de la capital, Antonio Vallejo. Por eso, ha pedido al servicio jurídico municipal un borrador de decreto que explique cómo se podría "ordenar" la asistencia del público a los plenos para evitar estos incidentes, según fuentes municipales. El contenido definitivo de la norma que se apruebe se intentará consensuar con los portavoces de la oposición, formada por el PSOE e IU.
A los últimos plenos ordinarios celebrados acudieron representantes de la Plataforma Granada Viva, que protestaron mediante la exhibición de pancartas contra la iniciativa municipal de concentrar el botellón en las cercanías del nudo de la calle Méndez Núñez con la circunvalación; y miembros del Movimiento Cívico Contra la Subida del IBI, que se quejan del incremento de este impuesto (del 30%) en las últimas ordenanzas fiscales aprobadas. En ninguna de las sesiones plenarias en las que estuvieron presentes esas dos asociaciones tuvo que desalojarse el salón.
Esa medida sí se adoptó el pasado martes, día fijado para la celebración del debate sobre el estado de la ciudad, cuando a esos dos colectivos vecinales se sumó la Asociación de Vecinos del barrio de Cartuja (presidida por Vallejo), a cuyos integrantes se les permitió durante más de media hora gritar consignas a favor del alcalde y en contra de los socialistas e IU, antes de que Torres Hurtado decidiera expulsarlos.
Rechazo de la oposición
El portavoz municipal del PSOE, José María Rueda, rechazó ayer la posibilidad de limitar la asistencia a los plenos más allá de la propia capacidad del salón donde se celebran. "Mucho menos como consecuencia de lo que pasó ayer [por el martes]", dijo Rueda. "La única entrada que habría que regular es la del presidente del PP en el distrito Norte [Vallejo]", pero no la de "la gente que acude sin causar problemas", añadió el portavoz socialista, que considera que los disturbios "tuvieron nombre, apellido y causa".
La concejal de IU, Lola Ruiz, también adelantó su desacuerdo con la medida propuesta por el alcalde al que acusó de conocer "la que se estaba liando". Su formación (IU), convocó una concentración en la plaza del Ayuntamiento contra la subida del IBI para ese día con dos semanas de antelación, según la edil.
La Ley de Bases de Régimen Local establece que los plenos municipales son públicos salvo cuando afecten al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de algún ciudadano. El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento obliga al alcalde a impedir "manifestaciones de agrado o desagrado" y le permite proceder "en casos extremos, a la expulsión de los asistentes que por cualquier causa impidan en desarrollo normal de las sesiones" (artículo 112).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005