El portavoz municipal del PSOE en Cádiz, Rafael Román, exigió ayer a la alcaldesa, Teófila Martínez, y al concejal de Urbanismo, José Loaiza, que "aclaren" si el bufete de abogados donde trabaja este edil ha gestionado algún caso o expediente urbanístico que haya abordado la junta de gobierno local o la Delegación de Urbanismo.
"Pedimos explicaciones al interesado y a la alcaldesa. Una explicación sobre los asuntos urbanísticos que se han llevado a cabo por el propio edil o por los socios y que naturalmente han incurrido en incompatibilidad porque hayan pasado por órganos municipales", pidió Román. El dirigente socialista recordó que ni la Ley de Régimen Local, ni el Estatuto General de la Abogacía ni el Código Deontológico de los abogados permite esta colisión entre intereses públicos y profesionales. "Incluso la ley puede considerar nulas las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno en relación con algunos de los clientes de José Loaiza o de cualquiera de sus socios de bufete", dijo Román.
En concreto, el punto tercero del artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía Española detalla: "En los supuestos de ejercicio colectivo o en colaboración de la abogacía, las incompatibilidades de cualquiera de sus miembros o integrantes del colectivo, grupo o de sus colaboradores se extienden al conjunto de todos ellos".
José Loaiza comparte despacho con Alfonso Pozuelo, marido de la también concejal popular Mercedes Colombo. José Blas Fernández salió en defensa de su compañero de corporación. Afirmó que Loaiza "nunca" ha defendido como abogado asuntos urbanísticos que después se han tratado en la comisión de gobierno. Con todo, no pudo asegurar lo mismo del resto de letrados que son socios de su bufete. "Cada abogado lleva en el despacho su tarea. Bajo el amparo del despacho y de la figura más representativa, actúan los profesionales. El despacho de José Loaiza es compartido y punto. Él responde de sus propios clientes y nada más. No tiene nada que ver con el resto y punto", dijo Fernández.
Al mismo tiempo, este dirigente popular restó valor a la existencia del poder notarial que vincula a dos concejales de su gobierno con este promotor. "No significa nada porque estos documentos pueden emitirse sin el conocimiento de los abogados implicados", dijo Blas, quien arremetió en duros términos contra Rafael Román. "Trata de envenenar a la opinión pública con acusaciones veladas de colaboración con los especuladores. El honor de Loaiza ha sido vilipendiado", dijo Fernández, quien detalló que hay otro poder notarial que permite a la concejala del PSOE Teresa Agudo a ser la abogada de este mismo promotor. Esta edil declaró desconocer la existencia de este poder y negó que autorizara a este promotor que la señalase a ella para que le representara como abogada. A cambio, mostró una querella que presentó contra este promotor por presuntos delitos urbanísticos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005