Un juez ha ordenado la suspensión cautelar del acuerdo plenario municipal para la venta anticipada de los aprovechamientos urbanísticos del suelo del próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún pendiente de redacción. La decisión judicial, que ha coincidido con el fin del plazo para la recepción de ofertas, ha provocado un duro enfrentamiento político. El alcalde apunta al consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, como el instigador de la "estrategia de continuo ataque" a Jaén, mientras la Junta instó ayer al Consistorio a cumplir la ley.
El PP aprobó en el pleno del pasado mes de marzo la venta de los aprovechamientos urbanísticos del suelo del futuro PGOU, una operación urbanística con la que el Ayuntamiento pretendía ingresar casi 20 millones de euros -inicialmente se habló de 33 millones- y obtener así la financiación necesaria para ejecutar algunos de los proyectos más emblemáticos comprometidos por los populares para la actual legislatura.
Sin embargo, los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia han interpuesto un recurso contencioso-administrativo por entender que la decisión municipal vulnera la legislación vigente en materia de urbanismo, en concreto la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en diciembre de 2002. El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Jaén ha atendido la petición de la Junta y ha suspendido cautelarmente el proceso emprendido por el Ayuntamiento. Además, el juez ha citado a las dos partes para mañana viernes y será entonces cuando decida si decreta o no la paralización de la operación.
La decisión judicial cayó como un jarro de agua fría en el equipo de gobierno del PP, que había depositado buena parte de sus esperanzas financieras de este mandato en esta venta de suelo en la parte norte de la ciudad. Urbanismo garantizaba la inversión privada para la construcción de más de 3.000 viviendas en la capital, además del dinero necesario para ejecutar proyectos como la segunda fase del bulevar, la remodelación de la avenida de Andalucía o la zona de ocio junto al futuro centro de El Corte Inglés.
La decisión judicial ha coincidido con el cierre del plazo para la presentación de ofertas, que expiró el martes con dos propuestas de dos grupos constructores. Por este motivo, el alcalde de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar (PP), lanzó ayer duras acusaciones contra la Junta, en especial contra el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, a quien acusó de intentar paralizar el desarrollo de la ciudad y "pretender implantar un Ayuntamiento paralelo con sede en Sevilla". Tras recordar que la Junta ya actuó de forma similar frenando la actuación urbanística en la estación de autobuses, la barriada de las Protegidas o impidiendo la construcción de un planetario en el casco antiguo, Sánchez de Alcázar señaló que el recurso "se enmarca en una estrategia urdida por la Junta de Andalucía para maltratar a la ciudad de Jaén", aunque advirtió a la administración autonómica de que "no conseguirá su propósito de paralizar el desarrollo jiennense".
"Hasta hace poco la Junta de Andalucía trataba a Jaén como el perro del hortelano, pero ahora, en su afán de destruirla, se ha convertido en el caballo de Atila", añadió el alcalde, tras recordar que la Junta sí autorizó una operación similar en Córdoba en un gobierno de coalición entre PSOE e IU.
Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Francisco Reyes, dijo que la Junta "no va a hacer dejación de su responsabilidad para cumplir la legislación" y apostilló que la actuación del Ayuntamiento "no se ajusta a la legalidad" por cuanto "condiciona e hipoteca el futuro de la ciudad durante los próximos 20 años". Reyes descartó que exista una campaña contra el Ayuntamiento al recordar la inversión de 193 millones en 20 proyectos que la Junta asume en la capital.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005