El presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, ya ha presentado ante la Audiencia Provincial el recurso que le sirvió el martes de argumento para negarse a responder al interrogatorio sobre su presunto fraude fiscal. Éste es el segundo recurso que el letrado de Fabra, Javier Boix, presenta ante los tribunales con el fin de retrasar la comparecencia de su defendido y, por tanto, su explicación de los millonarios ingresos en efectivo que realizó durante 1999 y de los que, de momento, no ha justificado el origen.
El primer recurso planteado por el presidente de la Diputación de Castellón fue ante la titular del juzgado número 1 de Nules, a la que no cree competente para instruir la causa por el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria. Como primera alegación, Fabra se quejó de la "inusitada urgencia" con la que la juez había incoado las diligencias previas al recibir la denuncia procedente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, donde Hacienda presentó el escrito. La respuesta de la juez a esta queja formulada por el presidente de la Diputación no sólo se argumenta jurídicamente, sino que expone su sorpresa ante "la extrañeza de la parte respecto de la agilidad y rapidez de la justicia, pues ello es lo deseable, aunque desgraciadamente no siempre posible".
El fiscal también respondió al recurso presentado por Carlos Fabra e hizo referencia a la "crítica" del líder del PP. Para el fiscal, la urgencia, "tratándose de la persecución de un hecho delictivo objeto de denuncia parece más una virtud que un defecto". Además, añade que es "obligación inexcusable del instructor evitar las dilaciones indebidas y con ello la prescripción de los hechos denunciados, eludiendo que estos pudieron quedar impunes".
Riesgo de prescripción
En la denuncia de la Agencia Tributaria, la inspección fiscal ya sostuvo que Fabra había pospuesto la entrega de la documentación requerida en varias ocasiones. El propio escrito de denuncia indica que "esta dilación no puede ser aceptada ante la inminente prescripción del posible delito cuando ha tenido ocasión sobrada de proporcionar la justificación de los ingresos". De hecho, el informe realizado por la inspección explica que el líder del PP envió las solicitudes a los bancos para que le remitieran la información sobre sus diferentes cuentas "14 días después de haberlos requerido la inspección".
Tanto la juez como el fiscal destacaron en la respuesta al recurso que el principio de "economía procesal" es uno de los argumentos con los que se justifica la acumulación de las dos causas por las que es investigado Fabra, por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública y por un presunto delito fiscal. Fabra pretende que se separen las dos causas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005