Una ofensiva múltiple pretende paralizar la mayor operación urbanística de Alicante, la construcción de 15.000 viviendas en Rabassa. La plataforma cívica que se ha constituido contraria al plan, aprobado inicialmente por el PP y PSPV en el Ayuntamiento, anunció ayer que además de los manifiestos públicos, que respaldan más de cien ciudadanos, y las cartas remitidas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tienen previsto emprender otras acciones.
Por un lado, presentarán una queja al Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, para que certifique la legalidad o no de la aprobación del Plan Rabassa por el pleno. Al mismo tiempo también elevarán una queja ante la dirección general de la Unión Europea, que investiga los abusos urbanísticos en el territorio, y también elaborarán informes técnicos que remitirán a diversos ministerios para que se pronuncien.
Ecologistes en Acció ha presentado una solicitud en el registro del Ayuntamiento para que "no se abra el trámite de información pública" del proyecto durante la época estival. "Hay demasiadas prisas en aprobarlo", dijo el ecologista Carlos Arribas. El sociólogo Carlos Gómez Gil lamentó que Alicante se convierta "en un espacio de negocios" y advirtió del riesgo que corre la ciudad de que aumenten las desigualdades entre barrios y algunas zonas queden despobladas. El profesor de Derecho Manuel Alcaraz tildó el Plan Rabassa como una "bomba de relojería social, y un arma de construcción masiva". Los integrantes de la Plataforma contra el Plan Rabassa denunciaron la falta de recursos hídricos para esta urbanización y advirtieron de los riesgos ambientales que supondría.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005