Cualquier Gobierno en funciones tiene, por ley, acotadas sus funciones a lo que la norma denomina "despacho ordinario de los asuntos públicos". Cuando el partido del Ejecutivo en funciones se ha garantizado la continuidad en las elecciones, no hay ningún problema. La controversia surge cuando hay cambio de partido o se producen circunstancias excepcionales. Un Ejecutivo está en funciones desde que se celebran los comicios hasta que el Gabinete toma posesión.
Hace tan sólo 16 meses, cuando el PP perdió las generales, se produjo un choque importante con los socialistas, que estaban a punto de entrar en el Gobierno, a cuenta del nombramiento de dos magistrados en el Tribunal Constitucional. Los populares llegaron a solicitar un informe a la Abogacía del Estado para que les asesorase sobre si podían renovar los dos magistrados antes del traspaso de poderes. El socialista Jesús Caldera, hoy ministro de Trabajo y el interlocutor del PSOE para el traspaso de poderes, planteó al Ejecutivo en funciones que paralizara esos nombramientos discrecionales en una etapa de transición. Al final, el PP no siguió adelante y el nombramiento correspondió al Gobierno entrante, del PSOE.
En ese periodo surgieron otros dos conflictos a cuenta de la gestión del Ejecutivo en funciones. Uno, lo que el PSOE consideró la "sorprendente desclasificación" de dos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), referentes a la matanza del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid, en un Consejo de Ministros en funciones.
El otro precedente fue la aprobación de un macroplan de seguridad que el Gobierno de Aznar decidió tras ese atentado sin consultar al PSOE.
Alcalde y presidente a la vez
Otro conflicto similar se planteó con motivo del bloqueo institucional que sufrió la Comunidad de Madrid como consecuencia de dos diputados socialistas que se fugaron el mismo día de constitución de la Asamblea. Con su traición al partido por el que habían salido elegidos forzaron unas elecciones anticipadas que el PP aprovechó para lograr la mayoría absoluta y el Gobierno. Durante esos meses de bloqueo, el presidente de la Comunidad de Madrid, en funciones, fue Alberto Ruiz-Gallardón que, a la vez, era alcalde de la ciudad. Como regidor, tuvo que resolver algunos asuntos que dependían del acuerdo de la Comunidad de Madrid y que, en el caso del Ayuntamiento, correspondían a gestiones perfectamente legales pero que en la Administración autonómica podían caer fuera del "despacho ordinario de los asuntos públicos".
Aunque hubo recelos por parte de la oposición (IU y PSOE), nadie impugnó los acuerdos adoptados por Ruiz-Gallardón como presidente autonómico en funciones, relacionados con el Ayuntamiento de Madrid, donde ejercía como alcalde.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005