A punto de entrar en el cuarto y último año de su mandato, el presidente Álvaro Uribe Vélez disfruta de una popularidad que ronda el 70%, un nivel sin precedentes en Colombia y América Latina. La razón es la mejora de la seguridad, que permite a los colombianos -por primera vez en muchos años- vivir sin miedo. Pese a todo, el país aún afronta problemas enormes: sigue siendo líder mundial de los secuestros, hay entre uno y tres millones de desplazados por la violencia, y es el mayor exportador de cocaína a EE UU y Europa. Además, permanecen en activo dos grupos guerrilleros -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- y miles de paramilitares, aunque muchos de éstos están en proceso de desmovilización.
"Nuestro objetivo es un país sin drogas, sin corrupción, sin terrorismo paramilitar o guerrillero"
"Lo que Colombia ha pedido es que se respeten los tratados sobre la transparencia en la venta de armas"
"La lucha contra el terrorismo no es de derecha o de izquierda, es de exaltación democrática"
"La situación ha mejorado; así lo dicen los empresarios. Falta mucho, pero hemos avanzado"
Uribe, que cumplió 53 años el lunes, se define como un "demócrata con sentido de la autoridad". En un encuentro con periodistas españoles en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de Colombia, defiende la polémica Ley de Justicia y Paz -aprobada en junio tras una gresca descomunal en el Parlamento- y rechaza las críticas sobre su presunta indulgencia con los paramilitares. Uribe afirma que necesita cuatro años más para derrotar a la guerrilla y a los paramilitares, y que por eso quiere ser reelegido. Colombia está pendiente de la Corte Constitucional, que deberá decidir antes de fin de año si lo autoriza o no. El lunes comienza la visita a España que tuvo que suspender en febrero por motivos de salud.
Pregunta. ¿Con qué objetivos viaja a España?
Respuesta. España es un gran inversor en Colombia. Es nuestra madre patria; nuestra puerta de ingreso a la UE. Tenemos en todos los campos unas relaciones profundas. Hemos recibido el apoyo de los diferentes gobiernos y su majestad [el rey Juan Carlos] ha estado permanentemente preocupado por los problemas colombianos.
P. ¿Envidia usted el volumen de inversiones españolas en otros países de América Latina?
R. No lo envidio, deseo que la inversión española sea más grande en Colombia, y se han creado las condiciones para ello. Hace poco firmamos dos convenios trascendentales: uno de ellos elimina la doble tributación, y el otro garantiza y protege las inversiones españolas en Colombia y las colombianas en España. Colombia empieza a ser un gran receptor de inversión. Estamos con optimismo y creo que esa misma lectura la van a hacer la inversión española y la inversión internacional. Cuando este Gobierno empezó, la inversión privada había descendido al 8% del PIB; hoy está en el 12%.
P. ¿Le va a pedir a Rodríguez Zapatero que frene la venta de armas a Venezuela?
R. Tenemos que manejar esos asuntos con prudencia. Son 2.216 kilómetros de frontera, una frontera dinámica, viva. Aquí lo que necesitamos es que todos los vecinos entiendan que nos tienen que ayudar en la lucha contra el terrorismo. Hoy, por nosotros; mañana, por ellos... Cuando estos terroristas no pueden secuestrar aquí, se van a secuestrar a Ecuador o a Venezuela. Cuando la interdicción aérea es eficaz aquí, buscan sacar la droga por los países vecinos. Sobre las armas, he sido claro: lo que Colombia ha pedido es que se respeten los tratados internacionales sobre la transparencia en las negociaciones de armas. Segundo, que las negociaciones se hagan públicamente, porque cuando se hacen públicamente de ahí se deriva información, de la información se deriva debate, y del debate se derivan controles. Tercero, que todos los países tomen precauciones para que a los terroristas no les lleguen armas viejas ni nuevas, para que no les lleguen municiones.
P. ¿Qué le parece la compra de armas por parte de Venezuela?
R. Prudencia, prudencia, prudencia. Ya me he referido al tema; ya les dije todo lo que podía decir.
P. ¿Cómo piensa apaciguar los miedos de los inversores españoles por la cuestión de la seguridad?
R. La situación ha mejorado en Colombia; así lo dicen los empresarios. Falta mucho, pero hemos avanzado. Cuando este Gobierno empezó, aquí asesinaban a 28.000 personas al año. Terminamos el primer semestre de este año con 8.477. Todavía es mucho, pero se va presentando una reducción importante. Cuando este Gobierno empezó, en Colombia había 3.050 secuestros. Este año llevamos 345, de los cuales 168 han sido por extorsión. En Bogotá no se ha dado este año ni un solo secuestro por extorsión. El último gran atentado terrorista contra Cartagena
[principal destino turístico del país] fue dos días antes de que empezara este Gobierno.
P. Los grupos de derechos humanos le acusan de aplicar un doble rasero a la guerrilla y a los paramilitares, y sus críticos afirman que la Ley de Justicia y Paz es una amnistía encubierta para estos últimos. ¿Qué opina al respecto?
R. La base de nuestra política es la política de autoridad y de seguridad democrática; es la política de recuperar el imperio de la ley y el orden. Yo me habría podido unir subrepticiamente a los paramilitares y decirles: "Caminen, acompáñennos a derrotar a la guerrilla, no hagan masacres". Seguramente iríamos más adelante en la derrota de la guerrilla, pero eso nunca ha pasado por nuestra mente. Somos demócratas, somos cristianos. Estamos comprometidos con el restablecimiento del imperio de las instituciones. Nos hemos enfrentado por igual a la guerrilla y a los paramilitares. Aquí se hablaba más de los paramilitares, pero es la primera vez que se les enfrenta en serio. Las ofertas de paz son igualitas para todos: a partir de un cese de hostilidades está la posibilidad de una oferta de paz. ¿Qué ha pasado con el cese de hostilidades de los paramilitares? Hay que reconocer dos hechos: no todos los grupos entraron en el proceso de paz, y no todos los que entraron en el proceso de paz han respetado el cese de hostilidades. ¿Cómo ha procedido el Gobierno? Con acción militar contundente frente a los que no entraron en el proceso y frente a aquellos que han violado el cese de hostilidades. ¿Los resultados? En las zonas paramilitares, a pesar de que haya problemas, la situación ha mejorado. Si no hubiera esta presión militar, no habría proceso de paz. ¿Qué ha pasado con la reinserción? Hasta finales de junio había 12.630 reinsertados, un 55% de ellos paramilitares y el resto de la guerrilla. Les hemos dado el mismo tratamiento a todos. En los próximos meses pueden ser 16.000, 18.000 o 20.000. Nuestro objetivo es una Colombia sin drogas, sin corrupción, sin terrorismo paramilitar o guerrillero.
P. ¿Con qué argumentos va a explicar esta ley en el extranjero?
R. Es la primera vez que hay una ley de paz que no debilita ni elimina la extradición. Además, hemos dicho que ésa es una institución esencial en las relaciones internacionales, y que con países signatarios de la Corte Penal Internacional (CPI) hay que respetar la extradición. Esta ley es enfática en no dar amnistía ni indulto a los delitos atroces. Es enfática en repetir que el narcotráfico y los delitos atroces no se pueden entender como políticamente motivados. Es cierto que hay disminución de penas. Ahora bien, lo que hay que pensar es lo siguiente: ¿qué va a pasar cuando los líderes de los grupos terroristas FARC y ELN acepten desmovilizarse? Ellos no quieren pagar ni un día de cárcel.
P. ¿Sigue habiendo un canal de diálogo con el ELN?
R. Lo hay. El diálogo está en una fase de confidencialidad. Y quiero decir esto: si aceptaran el cese de hostilidades completo, el Gobierno no tiene inconveniente en buscar fondos para sostener a los integrantes del ELN en el proceso de paz mientras no delincan. Es la primera vez que lo digo en público. ¿Y el acuerdo humanitario con las FARC? Hace algunas semanas, respondía a una inquietud de los familiares de los secuestrados y les dije que el Gobierno está dispuesto a reunirse con las FARC, a garantizar que a sus portavoces los lleve la Cruz Roja, que tengan seguridad para el acuerdo humanitario, siempre y cuando haya un hecho previo de buena fe. Pero hay un problema con las FARC: ellos exigen una zona desmilitarizada, y eso no lo acepta el Gobierno. En un país que estuvo a punto de perderse no puede haber zonas desmilitarizadas.
P. Usted ha sido acusado ante la CPI de complicidad con crímenes contra la humanidad cometidos por los paramilitares...
R. Llevan 20 años acusándome. Aquí hay muchos interesados en que la política de seguridad no tenga continuidad, porque de ahí se desprende el triunfo de la guerrilla, que es lo que los colombianos no vamos a permitir.
P. Hay quien le acusa de ser juez y parte en la campaña a favor de la reelección, y quienes subrayan que, como presidente, tendría más medios que la oposición en una eventual campaña electoral...
R. La Biblia dice: "Por los hechos los conoceréis". He sido un combatiente, un demócrata garantista. En las elecciones locales y en el referéndum de reforma política de 2003 no sólo tuvieron todas las garantías la oposición y los abstencionistas, sino los candidatos a alcaldías y gobernaciones provenientes de antiguas guerrillas, de partidos alternativos a los tradicionales. Antes los mataban. En esta ocasión, gracias a la acción de este gobierno, realizaron su campaña y ganaron gobernaciones y alcaldías importantes. ¡Y cómo se les ha respetado! ¡Cómo se ha construido gobernabilidad con ellos, respetándoles sus fueros y sus competencias, para unir esta patria! Cuando llegó este Gobierno había casi 400 alcaldes desterrados por los terroristas. Hoy, salvo uno o dos, todos pueden ejercer sus competencias.
P. Según un estudio reciente, España es el mayor consumidor de cocaína en Europa. ¿Va a pedir en su visita un apoyo expreso a la lucha contra la droga, siguiendo la filosofía de que los países consumidores son tan responsables o más que los productores?
R. Éste es un negocio internacional nefasto que impulsa el terrorismo en Colombia. Todos los países que de alguna manera han dejado que se participe en ese negocio son corresponsables, pero en lugar de ponernos a asignar responsabilidades, lo que tenemos que hacer es pedir cooperación.
P. Si el Constitucional rechaza su reelección, ¿tiene un plan B?
R. Hay en América Latina -y Europa ayuda a esto- una equivocación al clasificar estas democracias. Dicen: "Estas democracias de América Latina son de izquierda o de derecha". Esa clasificación es obsoleta, polarizante, no práctica. La lucha contra el terrorismo no es de derecha o de izquierda, es de exaltación democrática. Lo que hay que preguntarse hoy es si estas democracias son caudillistas o de liderazgo, incluyentes o excluyentes. Es necesario pedirle a la comunidad internacional que nadie se declare neutral frente a la amenaza terrorista en Colombia. Porque aquí no puede medirse con el mismo rasero a un Gobierno democrático de origen popular, que actúa en el marco de un Estado de derecho, y a los terroristas financiados por el narcotráfico.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005