Las convulsiones políticas en Alemania sorprenden y preocupan ya a toda Europa, acostumbrada desde hace ya casi medio siglo a dar por sentado que tenían en este gran país, además de un fuerte motor económico, un socio previsible y estable. Los hechos preocupantes se acumulan en los últimos tiempos y casi resulta ya difícil enumerarlos y calibrar cuál es más grave. Se pensaba que, tras la votación del pasado viernes, en la que el Gobierno perdió la moción de confianza, la legislatura estaba cerrada y se produciría una alternancia sin traumas con una victoria de la CDU que gobernaría con los liberales del FDP. Ahora resulta que, cuando aún no se sabe si habrá elecciones, por las dudas sobre la constitucionalidad de la disolución del Bundestag, ha irrumpido en el escenario el que fuera presidente del SPD Oskar Lafontaine, a la cabeza de una coalición (WASG, Plataforma por el Trabajo y la Justicia social) que puede desencajar todo el escenario y abre nuevas interrogantes.
Aliado con los ex comunistas del PDS y con una retórica populista que roza la xenofobia, la WASG-PDS ya se sitúa como tercera fuerza con un 11% y ha obligado al SPD a presentar un programa que olvida parte de sus reformas liberalizadoras, recupera a su vez la vieja retórica izquierdista y ha alarmado a los círculos empresariales. Algunas voces, preocupadas por el auge de fuerzas "antisistema", ya piden una gran coalición de CDU y SPD para afrontar la estabilización política y económica. Sin embargo, persisten en muchos los temores a una coalición entre los dos grandes partidos por el peligro de que crezcan en la oposición precisamente las fuerzas que se quiere combatir.
El viernes pasado, el canciller federal Gerhard Schröder hizo abstenerse a sus parlamentarios en la moción de confianza al Gobierno de coalición del SPD y Los Verdes para forzar así al jefe del Estado, Horst Köhler, a disolver el parlamento y convocar elecciones en septiembre. Ahora Köhler tiene otras dos semanas para pronunciarse sobre las dudas que el proceder ha despertado entre constitucionalistas. Si se negara a disolver, tendría que encargar la formación de Gobierno a otro dirigente político y en todo caso desataría una crisis constitucional seria. El caso es que los partidos ya han presentado sus plataformas electorales, ultiman listas y han comenzado la precampaña sin que las elecciones estén convocadas.
No le faltaban razones a Schröder para descartar la gobernabilidad durante el año que restaba de legislatura. Con el Bundesrat firmemente en manos de la Unión Cristianodemócrata (CDU), y un abierto levantamiento contra su política en su propio partido, ese año sería un largo calvario para su Gobierno y supondría una prolongación de la crisis y la incertidumbre para toda la sociedad alemana, que sólo podría dañar aún más a la maltrecha economía. Gobierno y oposición conservadora están de acuerdo en cerrar el capítulo. Europa necesita, hoy más que nunca, una Alemania que salga de su anquilosamiento legislativo, social y económico. Para ello es urgente que un Gobierno electo y estable acabe con esta zozobra.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005