El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Unicef y el Instituto Universitario para el Estudio de los Derechos y Necesidades de la Infancia (Iundia) han advertido de que una reforma de la ley del menor que imponga penas de cárcel constituiría "un grave paso atrás". Esta es una de las conclusiones del seminario que concluyó ayer en la sede del Consejo General del Poder Judicial en el que se ha analizado la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y su grado de cumplimiento a la luz de la Convención de los derechos del Niño.
Los intervinientes consideran que el Estado no debe desnaturalizar el concepto de "superior interés del menor" y opinan que las últimas modificaciones de la ley en 2001 y 2003 han puesto el acento en dar respuestas propias del derecho penal del adulto "en detrimento de lo que recomienda la Convención para los Derechos del Niño". "Las nuevas reformas que anuncia el ministro de Justicia [Juan Fernando López Aguilar] abundan en esa dirección", lamentan.
El presidente del Comité Español de Unicef, Francisco González Bueno, la directora del Iundia, Esperanza Ochaita, el presidente de la plataforma de Organizaciones de Infancia, Juan Merín Reig, y el presidente de la comisión de seguimiento de dicha ley en el CGPJ, Félix Pantoja, opinan en un comunicado que, además de la preocupación por la respuesta penal que ha de darse a los menores, "se han de atender sus necesidades con políticas sociales que promuevan la igualdad de oportunidades, potenciando la educación pública y fomentando valores sociales como la solidaridad y el respeto a los demás". Recomiendan, además, medidas "de integración de los menores extranjeros basadas en la dignidad de la persona y el respeto a la diferencia cultural, así como facilitar el reagrupamiento familiar efectivo y la integración familiar y social".
Sentencias integradoras
El Estado y las comunidades autónomas, dicen, deben dedicar los medios materiales y personales necesarios para que las "sentencias a los menores cumplan la función educadora y de inserción social que establece la ley" porque sin ello, los objetivos y valores de la ley "son difícilmente realizables". Entienden también que es necesario que haya campañas divulgativas que den a conocer la ley, "sin tergiversaciones interesadas o imprudentes", porque opinan que el texto legal "no genera impunidad entre los niños y jóvenes ni desatiende a las víctimas". Estas han sido algunas de las críticas más oídas entre los partidarios de modificar la ley. Y las víctimas de delitos cometidos por menores han recogido firmas para ello en ocasiones.
Por último, señalan que las futuras reformas deberán potenciar los aspectos educativos y de integración, y no introducir otros propios de las sanciones a los adultos, "innecesarios para el castigo a los menores".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 2005