El borrador de la Carta de Barcelona que fue aprobado en el plenario del Ayuntamiento el pasado mes de junio no es exactamente el mismo que está previsto que se firme mañana en el Saló de Cent del consistorio, un marco buscado para dar empaque al acuerdo final con el Ministerio de Administraciones Públicas. Su titular, Jordi Sevilla, rubricará el acuerdo. Después de ese paso, la Carta será aprobada en el Consejo de Ministros del 22 de julio y entrará en el Congreso a partir de septiembre.
Los cambios introducidos por el Gobierno son considerados "matices" por fuentes del consistorio. El grupo municipal de CiU opina que, a la espera de tener el resultado de consultas jurídicas sobre el texto que conoció ayer, las modificaciones no tocan el fondo de la ley, sino que se trata de cuestiones más bien técnicas. El grupo municipal del Partido Popular, que en el plenario se abstuvo en la votación, cree que las modificaciones, sin ser sustanciales, se acercan a algunas observaciones que esa formación había realizado, según precisó ayer el presidente del grupo municipal popular, Alberto Fernández Díaz. Se refirió, por ejemplo, a un apartado del articulado original -el d del artículo 39- que ha sido suprimido y que hacía referencia a que uno de los recursos de la Hacienda municipal de Barcelona provendría de "los ingresos procedentes de la cesión de los impuestos de otras administraciones públicas".
El alcalde de Barcelona, Joan Clos, restó importancia a esa supresión porque considera que otro artículo -el 54- ya precisa la eventual cesión o participación en los impuestos. Lo que ocurre es que ese último apartado se refiere a los impuestos estatales y en el suprimido se refería a "otras administraciones públicas"; es decir, a la Generalitat. En el fondo de esa cuestión está el debate sobre si corresponde a la Generalitat ser la única administración que determine la financiación de los ayuntamientos, en este caso el de Barcelona, o si la autoridad local tiene que participar de forma directa en la cesión de impuestos de carácter estatal. Este debate se está produciendo en paralelo en la discusión del nuevo Estatut.
Por lo demás, otras modificaciones introducidas en el texto de la Carta son de corte semántico-jurídico. Por ejemplo, se ha cambiado en el artículo 1: "El municipio de Barcelona, como Capital de Cataluña" por "el municipio de Barcelona, como capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña".
En otro artículo, el relativo a la justicia de proximidad, se precisa que la lengua catalana se utilizará de acuerdo con lo que dispongan la "Ley Orgánica del Poder Judicial y la legislación catalana". En el texto que salió del plenario del Ayuntamiento no se hacía mención a la legislación del Poder Judicial, sino sólo a la legislación catalana.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de julio de 2005