La defensa de la ex alcaldesa de Urnieta Maixa Lizeaga, imputada en el procedimiento penal abierto por las presuntas actuaciones ilegales cometidas en 2001 en este ayuntamiento y en dos sociedades públicas municipales (Urnieta Eraiki y Kulturnieta), va a solicitar el sobreseimiento y el archivo de la causa abierta contra ella en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián. Lizeaga, que estuvo al frente del Ayuntamiento entre junio de 2000 y febrero de 2002 mientras fracasó el intento de privatizar la telefónica local (Urnietatel), declaró ayer ante la titular del citado juzgado sobre las presuntas irregularidades de gestión que hallaron una empresa privada y el Tribunal de Cuentas del País Vasco, en sendas auditorías sobre las cuentas públicas de Urnieta del año 2001, gobernado entonces por el PNV con mayoría absoluta.
Tras la declaración de Lizeaga, su representante legal aseguró que la gestión de la ex alcaldesa "ya ha sido suficientemente investigada por los órganos administrativos", en referencia a las auditorías practicadas por los tribunales de cuentas del País Vasco y del Estado, que encontraron "algunas irregularidades en la tramitación", según el letrado. "Confío que la justicia le dé a este asunto la importancia que tiene, que es exclusivamente administrativa", agregó. A su juicio, "han existido defectos formales adminitrativos" durante el mandato de Lizeaga, pero precisó que estas irregularidades "no tienen ninguna trascendencia penal", por lo que solicitará al juzgado que archive este caso.
La defensa de Lizeaga considera que quienes propiciaron la intervención de la Justicia, en alusión a los ediles socialistas de Urnieta Maite Pagazaurtundua y Hermenegildo González, debieron "acudir en su día a los tribunales de lo contencioso-administrativo", en lugar de "presentar una querella política" contra la ex alcaldesa del PNV.
Por su parte, el abogado que asume la representación legal de los dos concejales socialistas que ejercen la acusación popular prefirió ayer no hacer ningún pronunciamiento sobre la declaración de Lizeaga.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de julio de 2005