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OPINIÓN DEL LECTOR

Una tragedia anunciada

En la adjudicación de las sustituciones de plazas de enseñanza infantil y primaria, realizada en acto único para los tres territorios el pasado 13 de julio en las instalaciones de la antigua Feria de Muestras de Bilbao, el 37% del profesorado interino que ha perdido la estabilidad con el Decreto de agosto de 2004 no ha conseguido plaza para el próximo curso 2005-06. ¿Dónde quedan ahora las ampulosas afirmaciones de la afortunadamente ex consejera Iztueta? ¿Cómo deben entenderse ahora sus palabras, aquellas que nos acusaban de sembrar alarmismo social y mentir generando tensiones injustificadas? ¿Qué dirán ahora los señores Rubalkaba y Atutxa, que alegremente se permitían predicar a los cuatro vientos que nunca la Administración vasca sería tan desagradecida como para no mantener en sus puestos laborales a los que habían dedicado esfuerzo generoso en la educación de generaciones de vascos?

Esta situación, desgraciadamente, no por ya denunciada resulta menos dramática: tres profesores sin perfil lingüística de cada diez no conseguirán trabajar de forma continua durante el próximo curso, después de haberlo venido haciéndolo, de forma ininterrumpida, durante más de 15 años para el Departamento de Educación. Y lo que es peor aún: algunos de estos compañeros han tenido que abandonar sus plazas de castellano, en las que han trabajado durante este curso, para ser adjudicadas ahora a otros compañeros sustitutos, pero en posesión del ansiado PL2, aunque algunos, con toda seguridad, con bastante menos experiencia en el puesto docente que el profesor desplazado.

Me permito recordar que desde el mismísimo 22 de febrero, día que iniciamos el encierro en el Instituto Bertendona, expusimos a la sociedad vasca los riesgos reales de tan perjudicial decreto: pérdida de nuestros puestos de trabajo, empeoramiento general de las condiciones laborales y sustitución de unas personas por otras ya con perfil para hacer el mismo trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de julio de 2005