Delubio Soares, ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) -el del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva-, ha admitido que su formación política violó la ley al no declarar ingresos de hasta 13,9 millones de euros para la financiación de las campañas de 2002 y 2004. Su estrategia es la misma de otros investigados: convertir el escándalo del presunto entramado de sobornos a diputados en un delito electoral.
La opinión pública brasileña lo siguió como una telenovela: la comisión de investigación, creada por el Parlamento, interrogó durante 11 horas a Soares, acusado por el senador Roberto Jefferson de ser, junto con su jefe, el ex ministro José Dirceu, el organizador del mensalão: el soborno a diputados de los partidos aliados para asegurar su voto en favor del Gobierno.
Los 32 miembros de la comisión no lograron sacarle una sola respuesta sobre el destino de los 39 millones de reales (13,6 millones de euros) que él mismo declaró a la policía haber recibido del empresario Marcos Valerio. La única justificación que dio el ex tesorero es que se trató de préstamos que él había solicitado, sin el conocimiento de ningún otro dirigente del partido, para ayudar en las campañas de políticos de su partido y de las formaciones aliadas.
Millones que Soares no denunció ante la justicia electoral y cuyo crimen confesó. Su estrategia, como la del ex secretario general del PT, Silvio Pereira, y del mismo presidente Lula (en una entrevista en París), consistió en reducir el caso que cerca al Gobierno a un delito contra la justicia electoral y no a uno de corrupción. En este sentido, Maria Christina Mendes Caldeira, ex esposa del Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, declaró que su marido y Soares negociaron con empresarios taiwaneses la entrega de dos millones de dólares para la campaña que llevó al poder a Lula.
La tesis barajada por Jefferson, que dio origen al escándalo, y que los hechos confirman, es que el PT había organizado una trama de corrupción, la mayor conocida desde la dictadura, para sobornar al Parlamento. El dinero para comprar el voto de diputados llegaría, según Jefferson, de las cuentas del empresario Valerio, a quien el Gobierno permitió antes ganar concursos millonarios de publicidad de empresas estatales.
Mientras Soares declaraba, llegó a la comisión la lista de diputados y políticos, no sólo de los partidos aliados, sino del PT, que habían sacado dinero de las cuentas del empresario, cuyo secreto bancario fue levantado. La comisión se niega a revelar los nombres hasta que confirme que se cometieron delitos, pero sostiene que es sospechosa la cantidad de dinero en efectivo que movía el empresario, así como el origen de los fondos. El diario O Estado de São Paulo, citando los documentos, reveló ayer los nombres de 46 asesores y ex asesores, chóferes y hasta familiares de algunos congresistas que habrían retirado dinero de las cuentas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de julio de 2005