La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces y de ideología conservadora, considera un "mal precedente" para la lucha contra el terrorismo que el Tribunal Constitucional de Alemania haya dictaminado en contra de la ley que traspone a su legislación interna la euroorden, provocando así la puesta en libertad del presunto terrorista miembro de Al Qaeda Mamoun Darkazanli, cuya entrega había solicitado el juez Baltasar Garzón.
El portavoz de la APM, José Manuel Suárez, declaró que los países miembros de la Unión Europea deben "demandar" a Alemania por esta decisión ya que, en su opinión, la normativa europea tiene prioridad sobre la legislación interna de cada uno de los países.
Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elegido a propuesta del PP, afirmó que el Gobierno debe buscar la fórmula para que los jueces alemanes revisen su decisión de no aplicar la euroorden a Mamoun Darkazanli, a pesar de que la policía española le relaciona con el 11-S y con el terrorismo islamista. López aseguró que el Ejecutivo "debe estudiar la resolución y la posibilidad de instar ante la Unión Europea (UE) la búsqueda de mecanismos que posibiliten el reexamen de esta resolución por parte de los tribunales alemanes".
Por su parte, el PP se propone pedir en las instituciones de la UE que Alemania adapte su legislación para aplicar la euroorden, después de que la justicia de este país se haya negado a entregar a Darkazanli.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de julio de 2005