Considero un fraude de ley que la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decida "por interés público" proceder de forma unilateral a la agilización de los trámites para la transformación de parte de la carretera M-501 en autovía. Y ello pese a los numerosos estudios que ponen de manifiesto el enorme impacto medioambiental que supondrá hacer esta autovía por su alto valor ecológico y zona ZEPA (informe desfavorable del Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Sin la aprobación previa de la declaración de impacto ambiental, esa autovía no se puede hacer. Recordemos que, argumentando el mismo interés público, las obras de soterramiento de la vía de circunvalación M-30 fueron aprobadas por el anterior Gobierno sin el visto bueno de la declaración de impacto ambiental. Quien hace la ley, hace la trampa. ¿Por qué nuestros representantes políticos se saltan las leyes, creando otras que convierten en papel mojado las vigentes?
Eso no es democracia, produce desconfianza en los ciudadanos y es una práctica muy alejada del diálogo y el entendimiento que deben ser baluarte en las relaciones entre los diferentes grupos políticos que nos representan.
¿Es razonable que a más coches se hagan más infraestructuras viarias, arrasando con la naturaleza por doquier? ¿Qué está pasando en el Gobierno autónomo de la Comunidad Autónoma de Madrid que no existe ya la cordura ni el sentido común? ¿Para qué están las leyes, para vulnerarlas si interesa? Toda decisión política debe sujetarse a las leyes.
¿Por qué la Fiscalía de Medio Ambiente no interviene salvaguardando y haciendo cumplir las disposiciones vigentes: leyes europeas y españolas al respecto en la protección de este espacio natura.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de julio de 2005