Una conocida máxima jurídica dice que los contratos son lo que son y no lo que las partes quieren que sean. Y a eso, ni más ni menos, aspira el pueblo catalán, via parlamentaria, en lo que se refiere a la redacción definitiva del peliagudo Estatut que se trata de renovar: a que sea una norma útil y actual, reflejo de nuestras necesidades sociales, económicas y culturales, una norma primera, básica, compartida y reconocida para que impere en nuestro concreto territorio administrativo nacional, sin que ningún grupo político ni sector particular intente monopolizarla ni interpretarla de manera excluyente.
Por eso resulta imprescindible que, a la postre, su redacción definitiva sea clara, breve en lo posible y unívoca, cualidades que garanticen el pragmatismo y las bondades de un texto jurídico fundamental para Cataluña; un Estatut que, lleno de contenido y utilidad para nuestro autogobierno y la relación con el Gobierno del Estado, sea también un referente jurídico ajustado a nuestra particular realidad social. Sólo así representará el conjunto heterogéneo de una sociedad catalana con vocación de futuro.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de julio de 2005