El PSOE aseguró ayer que la alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca, Teófila Martínez (PP), debería dimitir si los ex delegados populares en el recinto fiscal, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, son condenados por las irregularidades detectadas en la puesta en marcha de la sociedad informática Rilco. Según el secretario provincial socialista, Francisco González Cabaña, la primera edil gaditana es responsable política de lo ocurrido porque "fue ella quien los puso al frente de esos cargos".
El comité ejecutivo de la Zona Franca aprobó el miércoles, con la abstención de los dos consejeros del PP, solicitar a la Abogacía del Estado presentar una querella criminal contra Rodríguez de Castro y Osuna. Al primero, por varios delitos de apropiación indebida, fraude, prevaricación y exacciones ilegales por suscribir contratos con las empresas Miami Free Zone y Telvent para crear una red informática que nunca existió. Al segundo, por un delito societario al mantener los contratos y firmar los pagos pendientes.
Según González Cabaña, "hay muchos indicios razonables de culpabilidad en la gestión de los dos delegados. Si el PP se ha abstenido a la hora de apoyar esas querellas es porque tendrán algo que ocultar". Para el secretario socialista, Teófila Martínez "quien propuso y apoyó lo nombramientos, independientemente de la omisión en su labor como presidenta del Consorcio".
Lejos de asumir responsabilidad alguna, el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, arremetió ayer contra el actual delegado de la Zona Franca, a quien acusó de "abandonar sus responsabilidades" para emprender una "caza de brujas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de julio de 2005