El Gobierno no quiere cambiar de parejas y proclama su fidelidad a ERC y a IU-ICV, "pero quiere hacer partícipe de su proyecto a otros grupos políticos". De esta manera, interlocutores gubernamentales justifican el ahínco con el que van a emprender conversaciones con el resto de los grupos políticos, especialmente el PNV, el BNG y también con CiU y Coalición Canaria, para los Presupuestos de 2006, pero también para las leyes y reformas que tiene en cartera, como la de la legislación educativa. Lo cierto es que este interés por ampliar su mayoría coincide con "los avisos", de momento de advertencia, que ha lanzado el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y las reivindicaciones de ERC.
La alerta roja se encendió cuando ERC vinculó el Estatuto con su apoyo al Gobierno
Las señales de alarma se han encendido esta misma semana respecto a la actitud que pueda tomar ERC en el Parlamento. El Gobierno se había marchado tranquilo de vacaciones después de que la primera reunión con el grupo republicano para esbozar los Presupuestos del Estado del próximo año se hubiera saldado de forma razonable. De ese encuentro el Gobierno salió con la impresión de que el temor a que la crisis abierta en Cataluña -por las discrepancias de ERC con el PSC, y desde luego con el PSOE y con el Gobierno, a propósito de nuevas reivindicaciones nacionalistas en torno al Estatuto- pudiera afectar a las relaciones en Madrid no tenía fundamento. Pero desde mitad de la semana que ahora acaba los máximos dirigentes republicanos, con su presidente, Josep Lluis Carod-Rovira, a la cabeza, han relacionado los acuerdos en Cataluña con los de Madrid.
En la dirección socialista no se daba crédito a que, además de las pretensiones "inconstitucionales" de ERC sobre el Estatuto, se añadiera la petición de cambios en la propia Constitución para incluir "el derecho de secesión", crear la federación española y rebajar extraordinariamente las funciones que la Ley Fundamental reserva para el Ejército en cuanto a garante de la unidad territorial.
Por su parte, Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña-Les Verds, a través del presidente del Grupo y coordinador general de IU, Gaspar Llamazares (junto a la dirigente de esa coalición y alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar), ha lanzado al Gobierno "el primer aviso, y ya se sabe que el máximo son tres". Llamazares se queja de que su grupo da al Ejecutivo de Zapatero mucho más de lo que recibe. Además, en comunidades autónomas y ayuntamientos los izquierdistas denuncian "deslealtades continuas" del PSOE. Se cita como ejemplo de malos compañeros al grupo socialista del Ayuntamiento de Córdoba, que pone a la alcaldesa todos los días en aprietos. También existe gran preocupación en IU por la situación del Gobierno de Asturias y atribuye a las diferencias internas del PSOE de la región los problemas que tiene el presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, pero que también afectan a Izquierda Unida. Areces, sin embargo, cuenta con el apoyo absoluto del presidente Rodríguez Zapatero.
Lo cierto es que Llamazares ha pedido discretamente, y ya está concertada, una reunión a principios del mes de septiembre con la dirección del PSOE, encabezada por José Blanco, para expresar con crudeza sus motivos de queja. En este sentido, se asegura que no se avanzará en la discusión de los Presupuestos si no hay garantías de que el Gobierno va a incrementar su política social, va a poner en marcha la reforma fiscal todavía pendiente y desarrollará una política en defensa de los ayuntamientos que sólo está "en los discursos pero no en la realidad", según Llamazares. Tampoco se avanzará si no hay respuesta a esa llamada de "lealtad" para que los socialistas de diferentes regiones no atosiguen a IU.
Los cinco votos del grupo de Llamazares, junto a los ocho de ERC, han completado hasta ahora la mayoría de Zapatero pero hay que asegurar que la mayoría se mantenga. Por eso, el Grupo Socialista tendrá especiales deferencias con el PNV (7 escaños) y con el Grupo Mixto (5), especialmente con el BNG. Aunque Zapatero se reunirá el 30 de agosto con el presidente de la Xunta de Galicia, su compañero y amigo Emilio Pérez Touriño, no tardará mucho en recibir al dirigente del BNG, Anxo Quintana.
El PNV será citado a finales de mes para hacerle partícipe de los Presupuestos del Estado, aunque ya ha habido un contacto "discreto" para hablar de la situación del País Vasco. No obstante, en el Gobierno se insiste en que le gustan las votaciones de "siete a uno", es decir todos menos el PP, pero quieren mantener la relación estable con ERC e IU.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 7 de agosto de 2005