El Gobierno espera ampliar sus apoyos políticos asociando a otros partidos, además de Esquerra Republicana (ERC) e IU, a partir de la decisiva votación de los Presupuestos Generales para 2006. Ese proyecto de ampliación no es seguramente ajeno a las advertencias -o juegos de estrategia- desplegadas por el partido de Carod Rovira respecto a la continuidad de su respaldo a Zapatero si no hay acuerdo sobre el Estatuto. El mensaje implícito es que, si ERC se despega, existen fórmulas alternativas de completar mayoría.
Zapatero, en teoría, pudo haber optado por otros socios, especialmente CiU, que tiene dos diputados más que Esquerra; pero Maragall le había marcado el camino con su tripartito, lo que a su vez había radicalizado a CiU. El problema es que Carod Rovira ha hecho una pinza con Artur Mas para dejar en minoría al PSC en las últimas votaciones de la ponencia del Estatuto, suscitando una crisis en el tripartito con repercusiones en la política nacional. Fue el consejero de Comercio, Josep Huguet, de ERC, el primero en insinuar que su partido podría retirar el apoyo a Zapatero si los socialistas limaban el proyecto de Estatuto. Pero al mismo tiempo ERC se aliaba con CiU para aprobar planteamientos que los socialistas consideran inconstitucionales y ajenos a la lógica del Estado autonómico. Ayer mismo el secretario del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, reiteró que, tal como está el proyecto, lo considera inconstitucional y su partido votará en contra. Las vicisitudes de la política catalana siguen condicionando, por tanto, la política de alianzas del PSOE.
Hasta hace un mes se daba por supuesto que CiU acabaría votando un eventual proyecto consensuado por los socios del tripartito, porque aparecer como responsable del fracaso del nuevo Estatuto supondría asumir un coste muy alto, sobre todo si ese fracaso obligaba a Maragall a disolver y convocar nuevas elecciones. Todavía es la hipótesis más probable, pero ahora con alguna duda: en la perspectiva de una ruptura traumática del tripartito, a CiU podría interesarle un adelanto electoral que abriera paso a una eventual mayoría nacionalista en alianza con ERC. Pero está por ver si también le interesaría a Esquerra. En teoría empeoraría su posición, pues, aunque siguiera igual en Cataluña, perdería influencia en la política española. Pero sus iniciativas recientes como la estrambótica de una reforma confederalista de la Constitución que reconociera el derecho de secesión -que es como pretender que la ley reconozca el derecho a hacer la revolución- indican que nada es descartable.
Se comprende, por ello, que Montilla, a la vez ministro de Zapatero y primer secretario del PSC, haya deslizado la idea de que "hay más de una mayoría posible en el Congreso", incluso sin contar con CiU. Se refiere a la que garantizarían Coalición Canaria (CC, 3 diputados) y el BNG (2 diputados), sumados a los 7 del PNV y a los 5 de IU, cuya exigencia de giro social es compatible con los proyectos presupuestarios del Gobierno. Si la hipótesis es certera, no se trata tanto de cambiar de aliados como de ampliar su número, a fin de abrir posibilidades alternativas que actúen como espada de Damocles ante tentaciones rupturistas de Esquerra.
El apoyo de CC es muy probable una vez que se ha producido el cambio de aliados de los nacionalistas en el Gobierno canario. El del BNG sería coherente con la coalición que ha comenzado a gobernar en Santiago, y una oportunidad para el nacionalismo gallego de hacer la experiencia de influir en la política general. Más complicado sería comprometer al PNV, pero tal vez a Imaz le interese un acuerdo limitado a reivindicaciones concretas -liquidación del cupo, financiación de la ampliación de la Ertzaintza, factura de los efectos del Prestige- que le permita esgrimir frente a Egibar la eficacia de su pragmatismo. Tal vez.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 8 de agosto de 2005