El Gobierno de Aragón sigue apostando de forma ciega por un modelo turístico desarrollista para el Pirineo aragonés basado únicamente en la promoción y subvención a fondo perdido de las instalaciones de esquí alpino y en la permisividad de las operaciones inmobiliarias y financieras asociadas: pérdidas públicas y ganancias privadas.
El Gobierno aragonés aprovecha la época estival y la obsoleta normativa vigente (alguna, de los años 1954, 1964 y 1966) para seguir con su política de la fiebre del oro blanco: nuevos telesillas en Formigal y valle de Aisa, acoso al valle de Castanesa, cerca de Benasque, y a Valdelinares, en Teruel.
Otras recientes disposiciones legales son meras recomendaciones sin ninguna utilidad real para salvaguardar el medio ambiente y el patrimonio natural (de todos, aragoneses o no) que supone la alta montaña en nuestra región. Es el caso de los planes integrales específicos y del Proyecto de Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés, que abogan de nuevo por el desarrollo e inversión desmedida en las estaciones de esquí como exclusivo motor de la economía montañesa.
Mientras todo esto ocurre, en la calle, miles de aragoneses (por ahora, 22.000) decepcionados por todo lo anterior hemos firmado y promovido (con 15.000 firmas bastaba) una iniciativa legislativa popular por una Ley de Protección de la Alta Montaña que propugna un modelo moderno, eficiente, respetuoso y sostenible para el desarrollo de las zonas de montaña, y que deberá debatirse de forma obligatoria en las cortes aragonesas próximamente. ¿Servirá para algo esta importante llamada de atención.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de agosto de 2005