El Gobierno del Estado de Arizona (EE UU) declaró ayer el estado de emergencia en la frontera con México, en un esfuerzo por ayudar a los municipios de la zona a combatir la inmigración ilegal y el contrabando de drogas. La acción de la gobernadora Janet Napolitano permitirá que los municipios afectados obtengan algo más de un millón de dólares (820.000 euros) en fondos federales.
El dinero se destinará a fortalecer la presencia policial en los municipios fronterizos de Pima, Cochise, Santa Cruz y Yuma, que constituyen los puntos más utilizados por los contrabandistas de inmigrantes ilegales. Al declarar el estado de emergencia, la gobernadora Napolitano explicó que Arizona ya no podía seguir esperando a que el Gobierno federal reaccionara ante un problema que, aunque no es nuevo, empeora cada vez más.
La pasada semana, el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, también tomó una medida similar para ayudar a los ayuntamientos del sur del Estado, con casi dos millones de dólares en fondos federales. La decisión de ambos Gobiernos regionales refleja la frustración de las autoridades locales por el incesante flujo de inmigrantes indocumentados hacia EE UU.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de agosto de 2005