La favorable acogida dada por todos los grupos parlamentarios a la convocatoria de Pasqual Maragall estuvo acompañada, sin embargo, de la reafirmación de todos los grupos parlamentarios en sus respectivas posiciones. Y, en el caso de Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP), de recriminaciones al jefe del Ejecutivo catalán por la tardanza en tomar la iniciativa y acusaciones de incapacidad para ejercer el liderazgo del proceso estatutario.
El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, expresó, además, su confianza en conseguir que Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) "se desmarque" de sus socios del Gobierno tripartito en el título de la reforma que trata de la financiación, como hizo a finales de julio al vincular las competencias de la Generalitat a los derechos históricos.
La fidelidad de ERC a la propuesta del tripartito en materia de financiación fue garantizada el lunes pasado por el conseller en cap del Gobierno catalán, Josep Bargalló, en la primera reunión del Ejecutivo tras las vacaciones. Pero hay algunos datos que animan a CiU a hurgar en este punto en busca de una nueva división del tripartito. Ayer mismo, por ejemplo, otro republicano, Josep Huguet, consejero de Comercio en la Generalitat catalana, especuló en declaraciones a la agencia Efe con que el Consejo Consultivo "podría decir que la propuesta del tripartito sobre financiación es constitucional, pero la de CiU también, por lo que habrá que tener en cuenta las indicaciones que haga".
Tampoco la presidenta del grupo parlamentario socialista, Manuela de Madre, desaprovechó la ocasión para reiterar, junto a su "disponibilidad" a la negociación, su postura en el apartado de las competencias y los derechos históricos: "Debemos hacerlo de manera que no nos compliquemos la vida (...) no vayamos a estrellarnos contra la pared". De Madre recalcó que "invocar los derechos históricos para blindar algunas competencias podría ser inconstitucional".
Josep Piqué vaticinó que la ronda de entrevistas convocada por Pasqual Maragall "no servirá de gran cosa y la explicitación de las diferencias será total". Por su parte, el popular explicó que piensa exponer al presidente que el nuevo Estatuto "no tiene el consenso necesario" y en su elaboración "se han producido fenómenos realmente incomprensible en un marco democrático normal, como que una fuerza del Gobierno pacte con la oposición en contra de su socio en el Ejecutivo", como ha hecho ERC.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de agosto de 2005