Soy un asiduo lector de EL PAÍS. El pasado día 20 venía un artículo en la sección Andalucía en el que la parlamentaria andaluza del PP, Esperanza Oña, inquiría a la Junta si los consejeros tienen parientes de "hasta cuarto grado de consaguinidad" trabajando en alguna consejería.
Esta medida, de llevarse a cabo, terminaría con el enchufismo que hoy existe en la administración y con la colocación a dedo. Pero, una vez leída la noticia, a mí me quedan una serie de dudas que quiero exponer:
a) Con esta medida tendríamos que tener la sospecha de que si todos aquellos funcionarios que se apelliden Rodríguez, Fernández, García o Pérez puedan tener vinculación familiar hasta el cuarto grado con algunos de los consejeros actuales o pasados.
b) Se tendría que especificar que si algún familiar de consejero o parlamentario del PSOE (pues esta medida, según se desprende de la noticia, parece ser que sólo afectaría a los representantes de este grupo político), podrían optar a una oposición libre debidamente convocada para acceder a algún puesto de trabajo de la administración andaluza.
Como bien digo, sería una buena medida a tomar, pero pregunto: ¿La señora parlamentaria ha inquirido a su propio partido a que ponga en práctica esta medida en aquellos ayuntamientos donde tiene responsabilidad de gobierno? Pues hay ayuntamientos donde gobierna el PP en los que los señores concejales tienen colocados a su esposa, suegro, cuñado, primo, etcétera.
Jesús dijo: "Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de agosto de 2005