Cada año, cuando vuelvo de la Costa del Sol, me digo "no vuelvo", aun sabiendo que volveré, por razones familiares.
Salir de Málaga en dirección hacia Gibraltar es asistir a una sucesión de ladrillos y cemento que sólo se alteran para ver grúas en las pocas fincas que quedan. Hoy todo aquello es una autovía transformada en calle, atascos, malos servicios, playas más concurridas que el metro en hora punta y nada, nada de aquello que hizo la costa algo especial. Y eso que hace 30 años ya se había deteriorado.
La cuestión es que la situación actual es un atentado al sentido común. Las corporaciones municipales son las responsables, sin lugar a dudas; todos los alcaldes de la zona, que de una u otra forma impulsaron e impulsan el ladrillo y el campo de golf para desarrollar la zona.
Pero la Junta de Andalucía, que ha existido en los últimos 20 años, tiene también una responsabilidad inmensa, ya que tiene competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Exactamente la misma responsabilidad por haber consentido ese modo de desarrollismo.
Siempre se veía el cabo de Gata como una alternativa. Hasta que he visto en la página 21 de EL PAÍS del domingo una noticia titulada "El ladrillo invade el cabo de Gata", en donde, a lo que parece, los tribunales están cumpliendo el mismo papel que en los años sesenta, que mantuvieron muchos enclaves privados en las playas. La responsabilidad también se extiende a ellos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de agosto de 2005