El Ejecutivo catalán asumió ayer, por boca del consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, las objeciones puestas por el Consejo Consultivo de la Generalitat al proyecto de reforma del Estatuto catalán. El citado organismo, integrado por siete juristas, ha considerado que un total de 19 artículos no se ajustan a la Constitución y otros 39 deben sufrir algunos retoques. La fórmula de blindaje de competencias mediante la invocación a los derechos históricos fue rechazada de plano por un dictamen que los nacionalistas de CiU -bajo cuyo mandato se creó el Consultivo- se niegan a atender. El presidente del organismo, Joaquim Tornos, recomendó a los grupos parlamentarios que "lean con calma" sus argumentaciones y las atiendan para dar mayor solidez jurídica al texto.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de septiembre de 2005