El lehendakari Juan José Ibarretxe expresó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su "predisposición favorable" a que el PNV apoye en el Congreso de los Diputados y en el Senado los Presupuestos Generales del Estado de 2006. La condición que el PNV pondrá sobre la mesa de negociación al portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, consistirá en una mejora en el aumento de la inversión del Estado en infraestructuras en el País Vasco, aumento que en los últimos años ha alcanzado una media del 1%, según adelantó el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, al finalizar la reunión de La Moncloa.
Este apoyo tiene una importancia eminentemente política porque el PNV ha pasado de presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Gobierno socialista hace un año a apoyarlos, previsiblemente, este año. Tampoco apoyó, en abril de 2004, la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.
El cambio de actitud de los nacionalistas vascos -reflejo de las buenas relaciones que mantienen actualmente Zapatero e Ibarretxe- abre más posibilidades de alianzas al Gobierno socialista en el Parlamento, donde ya no dependerá en exclusiva de los ocho escaños de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). De hecho, matemáticamente le bastaría el apoyo del PNV (7 diputados) y de IU (5 escaños) para sumar 176 parlamentarios y poder sacar adelante en la Cámara baja los Presupuestos u otras leyes de calado por mayoría absoluta.
Litigios pendientes
La reunión de ayer zanjó también tres litigios pendientes desde 2003, cuando gobernaba el PP. Por un lado, la reclamación del Gobierno vasco por los gastos en que incurrió para afrontar la marea negra que inundó la costa vasca durante la tragedia del petrolero Prestige, y, por otro, la ampliación de la dotación de la Ertzaintza con 500 miembros más.
Asimismo, en las próximas semanas cerrarán el conflicto sobre el cupo -la cantidad a pagar por el Gobierno vasco por las competencias que ejerce el Estado en el País Vasco-. Esta disputa, que se remonta a mayo de 2003, se traduce en 42,7 millones de euros, que el Ejecutivo vasco se niega a pagar por considerar que el Estado debe hacerse cargo de una parte de los gastos sanitarios de la comunidad vasca, tras el acuerdo de financiación sanitaria de 2001.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró ayer que, una vez que en la Conferencia de Presidentes prevista para este sábado se conozca el reparto para sanidad que corresponderá a las comunidades autónomas, el Ejecutivo vasco podrá deducir una parte del cupo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de septiembre de 2005