El alcalde de Los Ogíjares, Francisco Plata, del PP, confirmó ayer que no levantará la orden de clausura del instituto de la localidad, decretada el pasado miércoles, "hasta que los tribunales lo digan o la Consejería de Educación nos pague lo que debe". El edil de esta localidad de Granada justificó ayer la medida de presión, que afecta a una veintena de profesores y 400 alumnos, en la deuda de casi dos millones de euros que desde hace varios años mantiene la Consejería de Educación con el Ayuntamiento.
La delegada de Educación, Carmen García Raya, reconoció ayer la deuda aunque indicó que no se puede satisfacer por que el Ayuntamiento no ha presentado las facturas que tuvo que emitir en su día por la construcción del edificio. La Junta ha recurrido el cierre ante los tribunales y ha pedido la anulación cautelar de la orden.
El alcalde aseguró que "si la Junta no paga, el edificio es del Ayuntamiento por lo que tendrá que ser Educación la que busque una solución para los alumnos". La delegada advirtió de problemas para el comienzo del curso escolar, ya que, aunque los alumnos no llegarán hasta el día 15.
Sin facturas
García Raya dijo que el dinero adeudado está disponible y Francisco Plata exigió que se hiciera la transferencia sobre la marcha. El alcalde pidió a la delegada que haga efectivo el acuerdo al que llegó la Consejería con el anterior alcalde del municipio, del PSOE, para comprar el edificio, ante la imposibilidad de presentar las facturas. El problema se ha agudizado durante el mes de agosto, cuando la Consejería de Gobernación ha emitido un informe prohibiendo al Ayuntamiento la venta del instituto por tratarse de un bien de dominio público. Ante esta eventualidad, la Delegación de Educación se ha visto obligada a volver al inicio del problema, por lo que el dinero que en su día adelantó el Ayuntamiento para construir el centro está disponible pero no se puede pagar.
El alcalde reconoció ayer que su predecesor en el cargo y compañero de partido, hace dos legislaturas, construyó el centro y envió "a ayudar a la contrata -para que la construcción terminara antes- a unos trabajadores municipales". Plata reconoció la existencia de irregularidades, toda vez que el Ayuntamiento no podía pasar a Educación una factura por el trabajo realizado por sus propios empleados.
La situación está en un punto muerto administrativo, ya que el dinero está librado pero ni Educación puede adquirir el edificio, solución que se pactó en su día entre ambas partes; ni el Ayuntamiento puede presentar las facturas requeridas por el Servicio de Intervención de la Junta.
El cierre del Instituto fue acordado por el pleno de Los Ogíjares el miércoles, con los votos del gobierno, integrado por PP (5 concejales) y PA(1), más el de un concejal independiente. Se opusieron los cuatro concejales del PSOE, el representante de IU y una edil escindida del gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de septiembre de 2005