El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó ayer al Gobierno catalán por dos motivos: haber permitido el establecimiento de granjas en la provincia de Girona sin el correspondiente plan para eliminar los residuos generados y haber consentido la contaminación por nitratos en las aguas del Ter destinadas al consumo humano. No obstante, el tribunal no impone otra sanción que el pago de dos tercios de las costas del proceso, y el tercio restante corre a cargo de las Comisión de las Comunidades Europeas.
La condena afecta a episodios producidos en el periodo que va desde el año 2000 hasta el 2002. Entonces fueron titulares de Medio Ambiente Felip Puig, primero, y Ramon Espadaler, después. La condena no afecta, pues, a la labor desarrollada por el tripartito, que ayer hizo pública su satisfacción por la sentencias.
El Tribunal Europeo, en opinión del consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà, condena el comportamiento pasivo de los consejeros de CiU pero avala, dijo ayer, la actitud decidida del tripartito.
La sentencias establecen que no hay dudas de que en el agua del Ter destinada al consumo doméstico se sobrepasaron varias veces los máximos admisibles de nitratos, en contra de lo establecido por las directivas europeas. Asimismo, sostiene que los gobiernos de CiU aludidos no hicieron las preceptivas evaluaciones de impacto medioambiental previas a la construcción de instalaciones porcinas o a sus modificaciones. El Gobierno catalán reconoció episodios de contaminación en los municipios de Albons, Parlavà, Rupià y Foixà, donde no se respetaron las directivas europeas. El tribunal no admite como eximente que se hicieran campañas de información sobre los contenidos del agua y establece que no hay dudas sobre las infracciones cometidas por el Ejecutivo catalán.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de septiembre de 2005