Las comunidades autónomas bajo la órbita socialista aprovecharon el maratoniano Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles para reclamar mejoras en la oferta inicial del Gobierno con objeto de paliar el déficit sanitario, que asciende a unos 7.000 millones anuales. En dos sentidos: incrementar la aportación presupuestaria del Estado -1.000 millones de euros en dos años, inicialmente-, y prorrogar el fondo de garantía sanitaria hasta la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. El fondo de garantía es un mecanismo que obliga al Ejecutivo a hacer una aportación extra a las comunidades si los recursos que recibe una autonomía crecen por debajo del Producto Interior Bruto (PIB).
El consejero catalán de Economía, Antoni Castells, fue el más explícito: solicitó duplicar el cheque presupuestario -2.000 millones en dos años- y, además del mantenimiento del fondo de garantía, realizó una batería de propuestas "en sintonía con otras comunidades", aseguró, que finalmente serán aceptadas, a grandes rasgos, por el Gobierno.
Para Castells, la propuesta inicial del Ejecutivo -que incluye una subida de los impuestos sobre alcohol y tabaco y el incremento de la capacidad normativa de las comunidades para que puedan subir una cesta de impuestos- "dejaba en manos de las autonomías la mayor parte del esfuerzo para resolver el problema de la sanidad". Finalmente, la oferta definitiva del Ejecutivo recogerá buena parte de las peticiones de Castells y del resto de comunidades socialistas, incluyendo tres tipos de aportaciones extraordinarias: por insularidad, destinadas a los residentes extranjeros, y para los accidentes laborales no cubiertos por las mutuas de accidentes de trabajo.
Confianza en un acuerdo
Además, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, aceptó la puesta en marcha de un nuevo sistema de cálculo de los anticipos que el Estado entrega a las comunidades a cuenta de la recaudación de los impuestos compartidos (IRPF, impuestos especiales e IVA).
Estas medidas, junto a la promesa de Solbes de ampliar el cheque presupuestario, llevaron a la mayor parte de los consejeros socialistas a mostrar su confianza en un acuerdo definitivo en el marco de la Conferencia de Presidentes de mañana. Así se manifestaron, al concluir la reunión, tanto Castells como los consejeros de Economía y Hacienda de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. Sin embargo, tanto los consejeros autonómicos como Solbes resaltaron que el pacto que salga de la Conferencia de Presidentes tiene fecha de caducidad: 2007, el año en el que debe estar listo el nuevo sistema de financiación autonómica, que sustituirá el aprobado en 2001.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de septiembre de 2005