El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer la rehabilitación de edificios y áreas degradadas en el paseo de la Dirección (distrito de Tetuán), así como en el entorno de la muralla de la ciudad y en la Costanilla de los Desamparados, ambos en Centro. En este último caso actuará la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS). En los dos primeros, la Concejalía de Urbanismo ha sacado a concurso la actuación, de tal forma que la empresa adjudicataria tendrá que hacerse cargo del proceso de expropiación. A cambio obtendrá aprovechamientos urbanísticos en la zona rehabilitada o suelo en otras áreas de la capital. Los dos partidos de la oposición, PSOE e IU, cuestionaron esta fórmula.
En los dos ámbitos de actuación en los que se aplicará la denominada "expropiación por concesionario público", en palabras del alcalde, el objetivo es eliminar la infravivienda y recuperar espacios de interés histórico.
El regidor explicó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que en el paseo de la Dirección existe una superficie de unos 166.000 metros cuadrados, degradada, desestructurada y sin conexiones viales adecuadas. Según los datos de la Concejalía de Urbanismo, hay allí 453 inmuebles, donde residen 835 personas que cuentan con un salario medio de 308 euros al mes.
"La mayoría son viviendas unifamiliares con condiciones muy precarias", afirmó Gallardón. "En 11 casos carecen de los mínimos equipamientos sanitarios". Además, en esos inmuebles Urbanismo ha advertido humedades, grietas y mal estado de puertas y ventanas.
La actuación anunciada ayer, que no supone la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, implica la construcción de 1.700 viviendas, la mitad con algún tipo de protección. Además, la concesionaria está obligada a realojar a los residentes.
"La intervención creará una cornisa, que servirá de fachada al parque de Agustín Rodríguez Sahagún, con nuevos edificios que serán un referente arquitectónico", aseguró el alcalde. "Además, se pone en valor el primer acueducto del Canal de Isabel II [situado en este parque]". La inversión prevista es de 176 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de seis años.
La actuación en la muralla de la ciudad, con un coste de 25 millones de euros, atañe a dos zonas del casco histórico: una parte delimitada por las calles del Almendro y la Cava Baja y otra por las de Escalinata y Espejo. La intención es incorporar restos de muralla, eliminar infravivienda y mejorar la calidad medioambiental, según el alcalde.
En la zona se construirán 125 viviendas. También el 50% de protección pública. El plazo de ejecución es de cinco años.
La EMVS se encargará de remozar el número 15 de la Costanilla de los Desamparados y los números 6 y 8 de la calle de Fúcar, ambos en Centro. Allí se crearán 85 alojamientos temporales para jóvenes -de hasta 40 metros cuadrados con zonas comunes y de alquiler-, un aparcamiento para residentes, una escuela infantil de 100 plazas e instalaciones deportivas, con una piscina climatizada. La obra costará 21 millones de euros y será ejecutada en tres años.
Críticas de la oposición
El edil socialista Félix Arias cuestionó la transparencia de la operación, de la que no ha sido informado por el Consistorio. "¿Cuáles van a ser los controles a las empresas privadas?", planteó. "No conozco los esquemas de ordenamiento ni los pliegos de condiciones. ¿Qué beneficios obtiene el sector privado?".
Según Arias, la operación puede "ser razonable o convertirse en el contrato del siglo", según cómo se establezcan los controles a las compañías privadas. Por otro lado, recordó que la actuación en el paseo de la Dirección se vende como una novedad aunque ya el PGOUM de 1997 la recoge como una actuación del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). "No lo hizo Gallardón cuando estaba en la Comunidad y ahora le entran las prisas", recalcó.
También el concejal de IU Justo Calcerrada criticó la fórmula de actuación. "Es una verdadera aberración que demuestra ineptitud por parte del equipo de gobierno, porque es el que debería ejercitar este tipo de proyectos", subrayó. Calcerrada destacó también que la operación puede favorecer al sector privado, al eliminar la libre competencia sobre el suelo, y cuestionó la "justeza de la actuación".
El edil apuntó, por último, a la contradicción en la actitud del actual alcalde respecto a cuando era presidente regional. "Entonces la intervención suponía un 80% de viviendas de protección oficial y el resto de precio libre. Ahora que la Comunidad ha cedido la actuación al Ayuntamiento, no respeta los criterios que tenía antes y plantea que el 50% de las viviendas a construir pase al sector privado", protestó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de septiembre de 2005