El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite un recurso, presentado por CC OO, sobre la congelación salarial de los funcionarios españoles en 1997 con el Gobierno del PP.
La abogada del área jurídica del sindicato CC OO, Carmen Perona, aseguró ayer que llegarán "hasta el final en la lucha por un derecho fundamental básico como es el derecho a la negociación colectiva". Perona explicó que el Tribunal de Estrasburgo, última instancia a la que el sindicato puede recurrir, "entiende que hay una vulneración de derechos humanos", tras la inadmisión del recurso por parte del Tribunal Constitucional. CC OO basa el recurso en el rechazo del Constitucional, "que vulnera el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos", según el cual "toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable". Perona aludió a la duración del proceso, prolongado durante ocho años, cuando Estrasburgo considera cuatro años como un plazo razonable.
El proceso se inició en 1997 cuando el Ejecutivo, entonces del PP, decidió congelar el salario de los funcionarios pese a un acuerdo de 1994 que establecía que éstos crecerían por encima del IPC durante los tres años siguientes. El sindicato, encabezado por José María Fidalgo, recurrió la decisión ante la Audiencia Nacional, que en 2001 falló a favor de CC OO. Por su parte, el Gobierno recurrió la resolución de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, que en 2002 anuló la sentencia de la Audiencia Nacional. El siguiente recurso de CC OO fue ante el Tribunal Constitucional. En febrero de este año el máximo órgano judicial español no admitió el recurso al entender que la decisión del Gobierno del PP estaba justificada para cumplir con el Plan de Convergencia Comunitaria.
El sindicato iniciará una campaña para solicitar a todos los empleados públicos que se personen en Estrasburgo. "Así se validará y se dotará de fundamento jurídico", apuntó Perona. La abogada espera que acudan cerca de 300.000 funcionarios.
La decisión del Tribunal de Derechos Humanos, que se dilatará cerca de una año, es vinculante para el Estado español que deberá acatar su decisión.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de septiembre de 2005