El ciudadano español abajo firmante se ampara en la vigente Constitución Española de 1978, en su Artículo 87. Tres, y de la Ley Orgánica que regula las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de la proposición de Ley de Valoraciones de la Vivienda y todo lo relacionado con la misma, que permita controlar eficazmente los altos niveles de perversa especulación e intensa corrupción urbanística y ambiental.
Estimo que la grave situación inmobiliaria, ambiental y urbanística que padecemos todos impide que los ciudadanos puedan acceder al necesario derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Igualmente, aprovecho la ocasión para reclamar y exigir al gobierno central, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que impulsen los necesarios mecanismos institucionales para consolidar los servicios sanitarios, educativos, culturales, laborales, asistenciales, industriales... promoviendo una verdadera y eficaz red de transportes públicos de calidad, implantando y apoyando los transportes y energías alternativas y no contaminantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de septiembre de 2005