Soy un conductor oficial de la Generalitat de Cataluña que tras la finalización de una huelga el 12 de abril, lleva cinco meses con los brazos cruzados. Con una mano se pueden contar las ocasiones en que he realizado, en este tiempo, un traslado oficial. Esto no quiere decir que nuestros altos cargos no se desplacen. O bien se contrata a una empresa privada o bien son los propios cargos quienes ejercen de conductores, mientras los conductores oficiales asistimos atónitos a este despropósito. Esto último, que puede parecer "una nueva manera de hacer las cosas", alejada del "encorsetamiento protocolario conservador", se viene abajo si para quien, hasta la huelga de conductores, ha hecho un uso indiscriminado del coche oficial, ahora pretende que sea un servicio innecesario. El gasto acumulado en empresas privadas de transportes en estos cinco meses demuestra dos cosas: la necesidad ineludible del servicio y que, a pesar de todo, es más rentable el gasto asumido por el servicio de representación oficial.
Los chóferes oficiales denunciamos el sentimiento de vergüenza ajena que nos provoca esta situación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 21 de septiembre de 2005