El atentado de Ávila pone de manifiesto que ETA mantiene en pie su chantaje, con la estrategia de avisar antes para evitar muertes, aunque resulta obvio que nadie puede descartar ese resultado cuando los criminales colocan 15 o 20 kilos de explosivos en un polígono industrial donde, entre otras cosas, se imprime un periódico -que no conoce de fines de semana- o hay instalada una empresa de mensajería urgente. El argumento debería servir para cercenar cualquier posible tentación de atribuir cierta caritativa bonhomía a los pistoleros. ETA viene operando así porque sabe, sin atisbo de duda, que un atentado con víctimas liquidaría en este momento cualquier expectativa de diálogo con el Gobierno. Y con ella, entre otras cosas, la posibilidad de legalización de su rama política, Batasuna, algo crucial en la estrategia terrorista de cara a las elecciones municipales de 2007.
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ETA se mantiene plenamente operativa, como ha repetido en ocasiones el ministro del Interior, José Antonio Alonso, y la cloratita que ha causado grandes destrozos en las afueras de Ávila es una nueva amenaza sobre los españoles. La lectura obvia de una explosión que, en boca de un alto funcionario, "no iba contra nadie", es que los terroristas podrían no haber avisado. Y esta decisión, la de no comunicar previamente el emplazamiento de sus explosivos, está permanentemente a su alcance y es el elemento central de su chantaje.
Por eso, el nuevo atentado de ETA hace si cabe más palmaria para el sistema democrático la exigencia del abandono absoluto y definitivo de cualquier tipo de violencia por parte de la banda terrorista. Esa renuncia previa e incondicional a la expresión armada, de acuerdo con el mandato parlamentario, debe ser la condición sine qua non de cualquier proceso de interlocución con el Gobierno, póngasele el nombre que se prefiera. Así lo quieren los ciudadanos, según la encuesta que hoy publica este diario. Y la decisión nada tiene que ver con una supuesta tregua. Una tregua hace imposible el inicio de un diálogo digno de tal nombre porque la propia discusión está condicionada por la amenaza de ruptura de la pausa terrorista.
No basta con que ETA deje de asesinar. Su renuncia formal y verificable a la lucha armada es la única garantía de que no hay bombas o pistolas bajo la mesa. El abecedario de cualquier negociación política con visos de futuro establece que no puede hacerse bajo amenazas. Y la voladura del sábado por la noche en Ávila representa precisa y exclusivamente una formidable intimidación contra la colectividad y el sistema democrático que la ampara.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de septiembre de 2005