Todas las energías del tripartito catalán están puestas en arrancar el sí de Convergència i Unió (CiU) a un Estatuto que peligra por las discrepancias en materia de financiación. Pero las disensiones en este ámbito, con CiU empeñada en defender el concierto económico foral, son de tales dimensiones que ocultan otra media docena de desacuerdos menores que cuando hoy comience el pleno en el Parlamento catalán seguirán sobre la mesa. Entre ellos los referidos a educación, derechos históricos, régimen local y el laicismo en la enseñanza pública.
Matices, detalles, reservas y discrepancias en mayúscula que se han materializado en forma de 386 enmiendas que comenzarán a discutirse en la sesión de esta tarde. Todos los partidos reconocen que la mayor parte de reservas son de carácter menor y desaparecerán en el mismo momento en que haya un acuerdo sobre financiación. Pero, de no llegar éste, serán las mismas diferencias menores las que pueden propinar el tiro de gracia al nuevo Estatuto.
De las 386 reservas, 156 conforman la enmienda a la totalidad del Partido Popular y que con toda probabilidad será rechazada hoy. El resto, 230, serán transaccionadas y votadas entre la tarde de hoy y mañana. Las referidas a derechos históricos son las que más polvareda han levantado en los últimos meses. Pero ayer, el tripartito acabó de consensuar una posición unitaria después de que Esquerra Republicana se desmarcara y votara con CiU este punto el pasado julio.
Ahora, el tripartito, unido, ha optado por eliminar cualquier conexión explícita entre competencias y derechos históricos, algo que el Consejo Consultivo juzgó inconstitucional. En su lugar, el tripartito defiende que el Estatuto reconozca la "posición singular" de la Generalitat en materias como la educación y el sistema institucional, cultura u organización territorial. Además, para dejar claro que Cataluña no renuncia a sus derechos históricos, el tripartito propone incluir en el Estatuto una disposición adicional similar a la actual tercera del Estatuto aragonés: "La aceptación del régimen de autonomía que se establece en este Estatuto no implica la renuncia del pueblo catalán a los derechos que como tal le pudieran corresponder en virtud de su historia".
En el ámbito estrictamente ideológico mañana se dirimirá si el Estatuto debe garantizar o no que la enseñanza pública tendrá carácter laico. En el proyecto aprobado el pasado 29 de julio sí se garantiza, algo que levanta ampollas en los democristianos de Unió Democràtica de Catalunya. El líder de esta formación y secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, ha afirmado que no piensa apoyar el Estatuto si no cambia el redactado de este artículo. Para evitar más problemas, tanto el PSC como Esquerra Republicana tienen preparadas transacciones en el sentido de calificar la enseñanza como "no confesional" o, simplemente, eliminar la referencia a la laicidad. Sólo el grupo de Iniciativa per Catalunya-Esquerra Alternativa ha avanzado que no piensa ceder en este aspecto. También en educación siguen habiendo discrepancias entre el tripartito y CiU por el número de competencias que la Generalitat debe ejercer en exclusiva o en colaboración con el Gobierno central.
En régimen local, las discrepancias aparecen entre los socialistas y el resto de formaciones. Aunque todos consideran que el acuerdo llegará durante el pleno, a día de hoy el PSC mantiene dudas sobre si el Estatuto garantiza suficientemente la autonomía de los municipios frente a una Generalitat que ganará competencias en esta materia. Completa la lista de diferencias algunas de las vías a adoptar para reconocer la singularidad de la Val d'Aran.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de septiembre de 2005