El Gobierno de ZP ha decidido en su recién aprobada Ley Orgánica de Educación (LOE) no tocar lo sustancial de los intereses de la enseñanza privada, mayoritariamente en manos de la Iglesia católica. En su errático decir pero no hacer, el Gobierno propone que los 18.000 profesores de religión (catequistas) sigan cobrando sus sueldos del dinero público, pero que su empleador sea la patronal del sector, es decir, la Iglesia. De esta forma se evitaría pagar los millones que vienen costando al Estado las indemnizaciones por despidos improcedentes a consecuencia de vivir en pareja sin estar casados y cosas por el estilo. Pues bien, los sindicatos CC OO, ELA y CSIF han puesto el grito en el cielo, porque consideran que con esa fórmula se agrede a estos catequistas, e incluso piden su integración en la Administración.
No está mal que se preocupen por estos trabajadores, y sería lógico que tuvieran su convenio a negociar entre ellos y su patronal, las iglesias, así como que éstas les situaran en locales propios para impartir su doctrina. Nada que objetar a ello siempre que, de una vez por todas, la democracia llegue a las aulas y la religión salga de ellas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de septiembre de 2005