El Ayuntamiento de Arteaga aseguró ayer que la sentencia que le obliga a actuar por las irregularidades urbanísticas en el chalet del ex lehendakari y actual presidente de Euskaltel José Antonio Ardanza "no es ajustada a derecho". Sin embargo, el comunicado emitido por el consistorio, gobernado con mayoría absoluta por el PNV, no aclara si aplicará el fallo judicial o si lo recurrirá ante el Tribunal Superior.
El Ayuntamiento insiste, como lo hizo en las diligencias previas, que la competencia en este asunto es del Gobierno vasco. El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Bilbao, dictado el pasado 22 de julio, asegura que "no cabe duda" de la competencia del Ayuntamiento de Arteaga para hacer respetar la legalidad urbanística y declara la "disconformidad a derecho" del acuerdo plenario del consistorio, de febrero de 2004, que dio por finalizado el caso.
La sentencia establece que el municipio debe adoptar las "medidas necesarias para restaurar el ordenamiento urbanístico infringido en la ejecución de las obras" en el chalet, ubicado en la reserva de Urdaibai. La construcción de este inmueble está cuestionada desde hace más de tres años, cuando un grupo ecologista denunció una serie de infracciones.
Varios informes, tanto del Gobierno como del propio Ayuntamiento, confirmaron que en la rehabilitación por Ardanza del caserón se cometieron seis ilegalidades, entre las que se encuentran la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto aprobado, la superación en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusión de una piscina.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de septiembre de 2005