La Fiscalía de Málaga señaló ayer que en el informe remitido el lunes por la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, sobre las supuestas irregularidades cometidas por los concejales del Partido Andalucista (PA), Carlos Fernández y Pedro Pérez, "no están bien definidos los tipos penales". No obstante, esto no implica que no existan indicios de delito. En cualquier caso, el ministerio público continúa con la investigación de las denuncias realizadas por trabajadores municipales, que acusaron a los dos ediles del PA de coacciones para que se afiliasen y diesen parte de sus sueldos al partido.
El fiscal está pendiente de la declaración, a principios del mes de octubre, del trabajador municipal que denunció en un primer momento los hechos investigados, a fin de comprobar si se dan los elementos necesarios para ejercer la acusación, y si las aportaciones al PA eran voluntarias u obligadas y bajo que amenazas se produjeron.
"El Ayuntamiento no entra a valorar la tipificación de los hechos", explicó ayer Yagüe, que aseguró que "si se han enviado a la Fiscalía los resultados de la investigación interna sobre las irregularidades del PA, siguiendo las recomendaciones del secretario general, es porque se aprecian hechos denunciables" y es precisamente para que la Fiscalía los investigue. La alcaldesa insistió nuevamente que se trata de "extorsiones probadas a empleados municipales, a los que se obligaba a pagar dinero a los concejales andalucistas para poder seguir contratados o cambiar su estatus de eventuales a fijos".
Recordó que Carlos Fernández, "tiene antecedentes de denuncias similares a las que la Fiscalía le dio suficiente entidad para abrir una causa". Fernández tendrá que comparecer ante el juez en noviembre próximo, acusado de quedarse con dinero de jugadores de la Unión Deportiva San Pedro.
En el expediente enviado a la Fiscalía se incluye también documentación sobre dobles contrataciones de cargos de confianza, que según la regidora fueron realizadas por Pérez y Fernández y "ocultadas al equipo de gobierno". Pedro Pérez, sostuvo sin embargo que los ceses de cargos de confianza y su alta en la empresa municipal de turismo obedecieron a una recomendación desde alcaldía. Según Pérez la delegación de Personal volvió a darles el alta posteriormente en el Ayuntamiento "con la clara mala intención" de provocar la doble contratación.
Carlos Fernández exigió ayer la dimisión de Yagüe y de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y consideró la documentación aportada por el Ayuntamiento es "nula, viciada y constitutiva de delito". "Podemos estar ante la fabricación de pruebas falsas", dijo Fernández, que acusó a la alcaldesa de dejar "la administración económica del Ayuntamiento en manos de su ex marido, Antonio Becerra, contratado con un sueldo de 7.555 euros por la empresa Gerencia de Obras y Servicios".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de septiembre de 2005