La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, anunció su intención de personarse como acusación popular en el juicio contra el abogado José Enrique R., acusado de matar a su ex compañera sentimental y graduada social Manuela Vida el 26 de noviembre de 2004. La sección cuarta de la Audiencia de Valencia comparte el rechazo que tal personación provocó en el ministerio fiscal y revoca la admisión inicial de la administración autonómica en el procedimiento. Más aún, la sala considera que el artículo 36 de la Ley 9/2003 de la Generalitat -donde se recoge que la consejería con competencias en materia de mujer podrá proponer al Consell de la Generalitat el ejercicio de la acción popular a través del gabinete jurídico o de abogados colegiados en los supuestos de agresiones físicas domésticas en las que se cause muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunidad Valenciana- "crea una nueva forma de acusación invadiendo la legislación estatal y la doctrina sostenida por el Tribunal Constitucional". La sala recuerda en su auto a la Generalitat que los titulares de los derechos y libertades fundamentales son los "ciudadanos" y la administración es garante de los mismos y en determinados supuestos objeto de reclamación por ello.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de septiembre de 2005