El juez chileno Sergio Muñoz, encargado de investigar las millonarias cuentas secretas de Augusto Pinochet, ha ordenado el embargo de los fondos y bienes que el ex dictador, sus familiares, funcionarios y militares próximos -así como las empresas relacionadas con éstos- posean en la sede de Miami del BankAtlantic (banco estadounidense fundado en 1952) o la entidad que lo sucedió. El magistrado resolvió esta medida, que incluye a todas las cuentas que tengan en el Estado de Florida (Estados Unidos), a partir de sus "sospechas fundadas" de que BankAtlantic "puede tener en su poder dineros o bienes que pertenecen a Pinochet" o a su camarilla más cercana. Muñoz designó a dos interventores, Alejandro Álvarez y Daniel Vielleville, para recibir los fondos embargados y ponerlos a disposición del tribunal en Chile. La medida es cautelar, porque busca proteger a los perjudicados, en este caso en primer lugar el Estado de Chile, y evitar que desaparezcan las pruebas.
El Senado resolverá en una semana si el juez Muñoz es designado para ocupar un puesto en la Corte Suprema. Todo apunta a que así será, por lo que el juez Muñoz quiere, antes de marcharse, cerrar el cerco entre las sociedades del ex dictador y sus ayudantes, y confiscar las comisiones por ventas de armas que el ex dictador mantuvo ocultas durante años y que son el origen de su fortuna. Muchos juristas sospechan que el ascenso del juez Muñoz al tribunal máximo es una maniobra de los partidos de derecha para apartarlo de la investigación de las cuentas secretas.
En los últimos días, Muñoz ha interrogado a ocho generales y tiene previsto llamar a declarar al ex jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta. Además de Pinochet, el embargo en el BankAtlantic afecta a los fondos y bienes de los cuatro procesados por el juez en este caso, acusados de evasión de impuestos o complicidad con este delito. Estos son: su esposa Lucía Hiriart, su hijo menor Marco Antonio, su albacea y contador Óscar Aitken y su secretaria privada, Mónica Ananías. También incluye a los generales Jorge Ballerino, Guillermo Garín, el teniente coronel Eugenio Castillo, todos ellos en retiro, y a los coroneles Gabriel Vergara y Juan Mac Lean.
El juez también ha puesto en la mira a 20 sociedades formadas por el ex dictador o su camarilla para ocultar los fondos. Dos de estas sociedades, Berthier Investments Inc. y Marchill Investments aparecen implicadas, respectivamente, en pagos por ventas ilegales de armas a Croacia y comisiones por la compra de aviones Mirage para la Fuerza Aérea de Chile. Pinochet y su camarilla construyeron un verdadero entramado de sociedades, empresas, cuentas y depósitos y firmas en el exterior, que les permitieron mantener su fortuna oculta y seguir operando ya en tiempos de la democracia.
Los procesos para el esclarecimiento de los fondos ilegales de Pinochet comenzaron después de que el Senado de EE UU comenzó a investigar las operaciones de lavado de dinero y cuentas secretas en el Banco Riggs, entre las que aparecieron las del ex dictador.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de septiembre de 2005