El PP presentó ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la decisión de la Mesa del Parlamento de autorizar que PNV y EA vuelvan a constituir grupos separados en la Cámara. El portavoz popular, Leopoldo Barreda, explicó que el recurso se basa en la conculcación que, a su juicio, se hace del artículo 23 de la Constitución, sobre los derechos y la igualdad en el ejercicio de la labor parlamentaria, y del artículo 19 del Reglamento de la propia Cámara autonómica.
El PP estima que la separación en dos grupos contraviene el principio de igualdad y privilegia a formaciones que concurrieron en coalición a las elecciones y disfrutan, sin embargo, por esa separación, de tiempos y recursos recursos duplicados con respecto al resto de los grupos.
"Hay un fraude de ley reiterado", dijo Barreda, sobre el que el Constitucional debe pronunciarse. "Hay un trato de favor a estos dos grupos por parte de la Mesa del Parlamento", añadió, "que defrauda las previsiones legales". El portavoz popular dio a conocer la presentación del recurso en una comparecencia para explicar el modelo de oposición que planea ejercer el PP en esta legislatura. Barreda indicó que será una oposición "responsable" que incorporará propuestas y alternativas "siempre en positivo" al Gobierno autónomo.
Para el PP, serán prioritarias las cuestiones relativas a la vivienda, el empleo, el medio ambiente y la educación. Barreda citó a modo de ejemplo el contenido de las 30 proposiciones no de ley presentadas por su partido hasta la fecha y detalló que un 30% de ellas se refieren a asuntos sociales, un 22% a temas económicos y otro 18% a cuestiones educativas. "No haremos una oposición monotemática", prometió, aunque las iniciativas contra ETA seguirán existiendo, porque la sociedad vasca "no está por la desactivación de los instrumentos que han demostrado su eficacia" contra la banda terrorista.
El portavoz popular anunció también que su grupo se reune de nuevo hoy con la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, para tratar sobre los presupuestos de 2006. Barreda exigió que el Gobierno tenga en cuenta ya para esta misma negociación a las tres diputaciones, así como a los ayuntamientos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 5 de octubre de 2005