Aguas de Barcelona, principal distribuidora de agua en el área metropolitana barcelonesa, anunció ayer la construcción de unas instalaciones en el puerto de la ciudad para embarcar agua del Ebro en Tarragona y trasladarla para el consumo de Barcelona y su área de influencia. El anuncio de la empresa ha sentado como una pedrada en el Gobierno catalán, que es a quien corresponde decidir el origen del agua que se suministra a las distribuidoras. Jaume Solà, director de la Agencia Catalana del Agua, máxima autoridad autonómica en la materia, criticó la actitud de la empresa. "Las decisiones políticas no las toman los empresarios, sino el Gobierno catalán", dijo.
Las obras estarían listas en dos meses, de modo que se pudiera inyectar en la red el agua transportada a mediados de diciembre, cuando, si no llueve, el área metropolitana entraría en la segunda fase de emergencia. Con este aporte, equivalente al 13% del consumo diario de la zona, no serían necesarias restricciones.
El Gobierno catalán ha barajado también la idea de transportar agua con barcos. Pero nunca del Ebro. 24 horas antes del anuncio de Aguas de Barcelona, el consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà, había negado esta posibilidad en una intervención parlamentaria. Respondía al diputado de CiU Ramón Espadaler que, precisamente, criticaba la renuncia del tripartito a utilizar agua del Ebro. Una renuncia asociada al rechazo a los trasvases que forma parte de la doctrina del agua del Gobierno catalán, y a que la ley que autorizó el suministro de agua del Ebro a Tarragona prohíbe que el agua supere la frontera de esa provincia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de octubre de 2005