La violencia callejera es, por desgracia, una vieja conocida de los madrileños. Los alrededores de los estadios de fútbol, los polígonos industriales de "copas", y determinados barrios de pueblos y ciudades, declarados "zona nacional", han sufrido resignadamente durante años la violencia de grupos neonazis. Solemos verla como un asunto marginal, ajeno a las reglas de convivencia establecidas que individualmente, fuera de la presión grupal, suponemos que si son aceptadas por los componentes de esas organizaciones, y esto les quita riesgos.
Sin embargo, los acontecimientos violentos protagonizados por jóvenes de origen extranjero en el mes de septiembre, en la capital, ocasionando la muerte y lesiones de varios jóvenes también extranjeros, y los hechos previos, igualmente condenables, ocurridos en Villaverde, han provocado una alarma social desconocida hasta ahora, alentada por quienes buscan rentabilidad política a partir del miedo y la inseguridad que podamos sentir los vecinos.
Estas actitudes de la derecha política más radical son una manifestación del racismo y la xenofobia que conforman su ideología, y que tan buenos resultados electorales les han dado en otros Ayuntamientos y Parlamentos europeos. Los ciudadanos, sin distinción por origen, cultura o creencia religiosa, apoyamos la intervención policial inmediata propuesta en el Consejo de Regional de Seguridad Ciudadana (27 de septiembre de 2005), y abogamos para que se mantenga en el tiempo hasta garantizar el control efectivo de cualquier grupo organizado para delinquir, o simplemente para intimidar y atemorizar a las personas, sea cual sea el origen de sus componentes y la nacionalidad de las víctimas.
Pero esperábamos, de las tres Administraciones allí reunidas, una respuesta más comprometida con la convivencia, la cohesión social y el respeto ciudadano que también queremos conseguir, todos los madrileños, los aquí nacidos y los recién llegados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 8 de octubre de 2005