El Ayuntamiento de Olot se ha visto obligado a readmitir a un policía local al que mantenía apartado del servicio desde 1999 y al que acusaba de robo. Mientras que la defensa del policía considera que el archivo de las diligencias penales contra el municipal le dejaba libre de todo cargo, el Ayuntamiento intentó reactivar un expediente disciplinario que, según el juzgado, ha vulnerado sus derechos fundamentales por excesiva duración.
El policía Joan Casado prestó testimonio en la investigación judicial por el secuestro de la farmacéutica de Olot, Maria Àngels Feliu, admitiendo que, en compañía de uno de los acusados por el rapto, el policía Antonio Guirado, había presenciado como éste se apropiaba de un sobre que contenía la recaudación de una tienda del municipio. La declaración motivó que se abrieran diligencias contra Casado. El Consistorio de Olot le abrió un expediente disciplinario y le apartó del servicio. A finales de 2004, el juzgado de instrucción número 2 de Olot decretó la prescripción del delito y archivó las actuaciones penales. Fue entonces cuando el Ayuntamiento intentó reactivar el expediente, en suspenso a causa de las actuaciones penales.
La larga duración del expediente disciplinario contra el policía, que sufrió dilaciones por causas diversas, motivó que su defensa denunciara ante el tribunal que el procedimiento había caducado y reclamó su admisión al cuerpo. El juzgado le ha dado ahora la razón.
El consistorio ha pagado a Casado desde el año 1999, en que fue apartado del servicio, una cantidad que supera los 138.000 euros. No obstante, el municipal reclama todavía algunos complementos de su sueldo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de octubre de 2005