La Junta de Andalucía y la Administración General del Estado mantienen un total de 39 recursos y conflictos positivos de competencia pendientes ante el Tribunal Constitucional. No obstante, los conflictos se han reducido en el último año y medio, con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno central y han coincidido dos gobiernos del PSOE en ambas administraciones. En este periodo, las dos partes han acordado la retirada de 22 recursos y otros cuatro han quedado resueltos por sentencia firme.
Según datos de la Junta, de los 39 contenciosos pendientes, 31 han sido planteados por la Administración andaluza (17 recursos de inconstitucionalidad y 14 conflictos positivos de competencia), y los ocho restantes corresponden al Ejecutivo central (siete recursos y un conflicto positivo de competencia).
Por su parte, 17 de los 22 litigios retirados (14 recursos y tres conflictos de competencias) fueron presentados por la Junta de Andalucía y los cinco restantes (cuatro recursos y un conflicto de competencias) por el Gobierno central.
El principal bloque de acuerdos entre Junta y Gobierno para la retirada de recursos de inconstitucionalidad se refiere al anterior sistema de financiación autonómica, vigente entre 1997 y 2001. Este asunto se zanjó con el pago a Andalucía de 2.500 millones de euros y supuso que la Junta se desistiese 11 recursos planteados ante el Constitucional. Los recursos afectaban, principalmente, a las leyes de presupuestos de ese quinquenio y a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). El resto de desistimientos de la Junta se refieren a materias como telecomunicaciones; medidas económicas y radio y televisión.
Sobre la investigación con células madre, Junta y Gobierno acordaron la retirada simultánea de los recursos cruzados contra el Real Decreto que aprobaba el Estatuto del Centro Nacional de Transplantes y Medicina Regenerativa y la ley reguladora de la investigación con células madre en Andalucía.
Ley de Cajas
El Estado también ha desistido de los recursos de inconstitucionalidad que planteó contra la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía de 1999 y su posterior modificación a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Junta para 2002, y contra la ley andaluza de Pesca Marítima, así como el conflicto de competencias que planteó en 1999 contra el Plan de Recursos Naturales de la Isla de Alborán.
Los recursos de la Junta resueltos con sentencia favorable se dirigían contra las modificaciones de la Ley de Conservación de Espacios Naturales, la Ley de creación del Parque Nacional de Sierra Nevada y el conflicto de competencias planteado contra un real decreto de 1999 que aprobaba el plan director de la Red de Parques Nacionales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de octubre de 2005