Cuanto más cerca de los ciudadanos estén los servicios de educación, sanidad, etcétera, mejor. Pero con los Tribunales de Justicia ocurre algo muy distinto: lo importante no es que el juez esté cerca del ciudadano, como deberían estar el médico o el maestro.
Lo importante es que el juez sea independiente; que sea difícil de manipular, y para eso, cuanto más lejos esté, mejor.
El hecho de que la última instancia judicial esté en Valencia, como propone la reforma del Estatuto, es algo que les interesa a los políticos, pero no a los ciudadanos. Por ejemplo, un juez de Madrid, de Barcelona o de Bilbao ¿habría permitido la destrucción de la huerta protegida de La Punta? ¿Y la del barrio del Cabanyal? Y si el juez estuviese en Bruselas ¿lo habría permitido?.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de octubre de 2005