Los pagos de la compañía eléctrica Endesa a los Ayuntamientos de Colmenar de Oreja y de Estremera han llegado hasta el Congreso de los Diputados para, posteriormente, pasar al Tribunal de Cuentas. El portavoz del grupo parlamentario Izquierda Verde (que agrupa a los partidos de IU e Iniciativa per CatalunyaElsVerds) en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, ha solicitado a la comisión mixta para asuntos relacionados con el Tribunal de Cuentas, una fiscalización específica de las cuentas, contratos y situación patrimonial de los ayuntamientos de Colmenar de Oreja y Estremera durante los años 2004 y 2005. Quieren conocer si estos municipios incurrieron en alguna ilegalidad al admitir pagos provenientes de Endesa para que la eléctrica consiguiera las licencias municipales de actividad, a pesar de no contar con los permisos del Ministerio de Medio Ambiente para su instalación.
En Estremera, Endesa firmó un acuerdo con el Ayuntamiento, el 23 de septiembre de 2004, mediante el cual la empresa abonó 6.000 euros como pago por reserva de suelo. Este convenio, después, fue ampliado por valor de otros 240.000 euros.
En dicha ampliación del convenio se estipulaba que ambas partes "de mutuo acuerdo" habían decidido anticipar "parte del importe correspondiente a las tasas e impuestos para la obtención de las licencias municipales preceptivas para la construcción y explotación de la central".
240.000 euros
Las condiciones que el Ayuntamiento de Estremera debería cumplir para poder cobrar los 120.000 euros fueron que aprobara la modificación puntual de las normas subsidiarias, "necesarias para la compatibilidad del proyecto de la central con el planeamiento urbanístico del pueblo". Además, recibiría otros 120.000 euros cuando tales normas "fueran aprobadas" por la Comunidad. En total 240.000 euros, que serán descontados del montante de impuestos que Endesa tendrá que abonar al Ayuntamiento por los permisos necesarios para que la central este operativa.
El otro Ayuntamiento involucrado, Colmenar de Oreja, aprobó en febrero de 2005 un convenio con la compañía eléctrica para instalar otra central térmica en ese municipio. Las cláusulas económicas establecidas en el documento obligaban a la compañía eléctrica a pagar, en total, cerca de dos millones. Además, Endesa se arriesgaba a que en el caso de que el Ministerio de Medio Ambiente no autorizase la central, la compañía eléctrica "perdería los pagos realizados".
El portavoz parlamentario de Izquierda Verde, y promotor de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, afirma que la práctica entre Endesa y los ayuntamientos "podría ser fraudulenta y constitutiva de algún tipo de delito".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de octubre de 2005