Hace 15 años que mi mujer y yo vivimos en Tomares, donde votamos y pagamos nuestros impuestos. Hace poco recibimos una amenaza de embargo por una supuesta deuda, ordenada por el Ayuntamiento de Sevilla. El objeto de la orden judicial era una deuda por impago del impuesto de vehículos, relativo a 2000 y 2001. Sucede que el vehículo fue dado de baja, en la DGT, según consta fehacientemente, en 1995.
Los gestores municipales sevillanos, no solo muestran su desidia al pasar al cobro recibos de un vehiculo inexistente cinco años despues de su desaparición, y al domicilio de soltera de mi mujer (18 años despues de abandonarlo), sino que se permiten amenazarnos judicialmente por una deuda inexistente, rozando en la prevaricacion. Por si fuera poco , somos nosotros los que tenemos que dar los pasos para resolver el desaguisado, y demostrar nuestra inocencia. ¿Quién paga los platos rotos? ¿Quién garantiza que no se repiten estos hechos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de octubre de 2005